Moradores de río Indio presentan demanda en contra del embalse

Miembros de la organización Coordinadora Campesina por la Vida, que representan a parte de los moradores de la región de río Indio (Colón, Coclé, Panamá y Panamá Oeste) presentaron ayer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solitando que se suspenda el desarrollo del reservorio multipropósito de Río Indio.

La medida se toma luego de que moradores de las zonas en donde se construirá el embalse manifestaran su rechazo a la iniciativa impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), alegando que ellos no están dispuestos a abandonar las tierras en donde se pretende construir el embalse.

Datos de la ACP muestran que el desarrollo del embalse podría afectar, de manera directa, a cerca de 500 familias y 2.500 personas, aunque toda el área de Río Indio abarca a 12.000 panameños.

La autoridad canalera adelantó que tenía previsto culminar con el proceso de censo este 30 de abril. Hasta el momento, 80 % de la población fue censada, según informó la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

Estas declaraciones son cuestionadas por diversos líderes comunitarios, quienes aseguran que este censo no mide la opinión de los pobladores sobre el proyecto, sino su realidad socioeconómica.

Digna Benítez, presidenta de la Coordinadora Campesina por la Vida, alegó que el proceso de reasentamiento de las comunidades de la cuenca es “inconsulto e ilegal”, dado que “sienten que no se ha hecho una consulta pública adecuada”.

La subadministradora del Canal reconoció que los censos efectuados no miden la opinión ni la popularidad del proyecto del embalse entre los moradores. “Los que han asistido al censo no quiere decir que estén a favor o en contra; asumimos que los que no han asistido al censo es porque no están a favor, es importante que se sepa que el censo lo único que hace es calificar la condición de vida de la persona”, reconoció a este medio.

Al ser cuestionada sobre cuántas personas han aceptado reubicarse, la funcionaria delaró que, de momento, no han llegado a ese punto.

En su demanda, la agrupación campesina alega que no se está cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Los demandantes exigen que se instale una mesa técnico-social con “representantes independientes”, entre ellos hidrólogos y extécnicos del Consejo Nacional del Agua.