¿Solidaridad o insulto? Una opinión

Durante su campaña electoral, el 10 de abril de 2019, el autodenominado “primer obrero” dijo: “El tema de medicamentos es una mafia, no solo de funcionarios públicos sino también de privados”; realidad tan incontrovertible como lesiva al interés superior de la salud pública.

El 29 de diciembre de 2021 designó una Comisión, encabezada por el vicepresidente, para buscar un mecanismo que permita la rebaja en los precios de los medicamentos y finalmente anunció que: “A partir del 28 de junio inicia el programa MedicSol (Medicamentos Solidarios), para que los pacientes que no encuentren sus fármacos en la Caja de Seguro Social, puedan obtenerlos en comercios afiliados, sin costo alguno”.

Pareciera un disparate, pero realmente es un insulto, deliberado, intencional y excluyente, primero porque se circunscribe a un segmento de la población derechohabiente de la Caja de Seguro Social, para situaciones específicas y en áreas restringidas; medida totalmente selectiva, que desconoce la Resolución 41/10 del Concejo de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977.

Además, es un atraco que, de no ser anulado, afectará las finanzas de la Caja de Seguro Social, porque el costo se carga al Programa de Atención a la Enfermedad, el cual, hasta la fecha y a pesar de los excesos, no está en déficit.

Las empresas incluidas en dicho plan son las mismas que proveen de medicamentos a la institución, con precios exorbitantes y escandalosos como también mediante procedimientos que vulneran los principios de una administración enmarcada en la normativa legal vigente, tales como la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 y la Ley 1 del 10 de enero de 2001.

Solidaridad implica compromiso efectivo a la causa de otros; pero con este bodrio, no hay nada de eso ni con los asegurados y menos aún con la población desprotegida, de manera tal que, salvo demostración en contrario, se trata de un pacto surgido de la complicidad existente entre un gobierno corrupto e irresponsable con el poder económico; similar al otorgamiento de más de mil millones de dólares, en concepto de créditos fiscales, para “incentivar el turismo”; iniciativas que revelan, en toda su crudeza, la prioridad que le confiere la administración al poder económico y el menosprecio a las genuinas y apremiantes necesidades de la mayoría ciudadana; azotada por el desempleo, el alza indiscriminada e injustificable de los combustibles y el aumento de la canasta básica.

No obstante, lo inaceptable es la demagogia con la cual intentan vender las bondades del ominoso plan; irrespeto flagrante a la dignidad ciudadana, que debemos rechazar.

Se sacaron de la manga un procedimiento burdo, pero conveniente para evadir todos los controles, establecidos por ley, v.g: Sanitarios, fiscales, administrativos y regulatorios como la fianza por incumplimiento o daños; además de ignorar la trazabilidad y la farmacovigilancia; como si no existieran o carecieran de importancia para el aseguramiento de la calidad de la atención.

La Caja de Seguro Social no debe estar subordinada al poder económico-político sino manejada con criterios técnicos y sobre todo con la integridad y la competencia que demanda la atención de los intereses y necesidades de la clase trabajadora y para ello es indispensable que la máxima autoridad, que reside en la Junta Directiva, cumpla sus atribuciones.

Finalmente, cabe preguntarnos, ¿Será que la mafia de los medicamentos, que incluye funcionarios públicos, goza de buena salud?, Gracias a la incompetencia y sumisión del gobierno. ¿Usted qué opina?