Pobreza, exclusión social y discriminación racial en Panamá

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Este día se conmemora que, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Shapeville, Sudáfrica.

La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. Consiste en: ‘Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.'1

En Panamá, existe una instancia nacional creada por la Ley 16 del 10 de abril del 2002, denominada Comisión Nacional Contra la Discriminación (CNCD), para analizar la aplicación por parte de Panamá de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, y recomendar al Órgano Ejecutivo propuestas que permitan incorporar a la agenda del Estado el derecho a la no discriminación. Está presidida por el Defensor del Pueblo.

Los principios en que se basa la Ley 16 son ‘La prohibición de cualquier acto que denote alguna discriminación, exclusión, restricción o preferencia basada en el color, la raza, el sexo, la edad, la religión, la clase social, el nacimiento, las ideas políticas o filosóficas, o que menoscabe el goce o ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, así como de los derechos previstos en Convenios Internacionales de Derechos Humanos o en documentos que tengan como finalidad promover el desarrollo de la dignidad del ser humano'.

En el año 2010 se realizó el censo de población, con un registro muy cuestionado de 9.2 % de población afrodescendiente, siendo la provincia de Colón donde 29 % se identificó, Darién con 16.7 %, Panamá con 11.3 %, Bocas del Toro con 9.9 %, Coclé con 4.4 %, Herrera con 3 % y Chiriquí con 2.2 %. De dichos datos, podemos analizar que la población más numerosa de afropanameños vive en la provincia más postergada, y con los mayores niveles de exclusión social.

En Panamá, por invitación del Gobierno, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, realizó una visita del 14 al 18 de enero de 2013, en dicha visita se revela que: ‘Existe la creencia generalizada de que Panamá es un crisol de razas, por lo que está muy difundida la negación de la existencia de discriminación racial. Según representantes de la sociedad civil, esa falta de reconocimiento se refleja en la ausencia de verdaderas políticas públicas tendientes a reducir la desigualdad y cerrar las brechas económicas y sociales'.2

En el informe del Grupo de Trabajo también se evidenció que los afrodescendientes sufren de pobreza y extrema pobreza en tasas desproporcionadas, a pesar de la espectacular tasa de crecimiento del país. La costa del Caribe habitada por afrodescendientes principalmente, es la región menos desarrollada del país, con los peores indicadores sociales y económicos. Siendo que la población pobre predominantemente urbana es afrodescendiente.

El PNUD elaboró el Atlas de Desarrollo Humano Local, donde todas las comarcas y las provincias de Bocas del Toro, Darién y Colón tienen la menor esperanza de vida. El menor nivel de participación social lo tienen Coclé, Herrera, Bocas del Toro y Colón, siendo muy alta la participación en la provincia de Darién, ya que se han invertido ingentes recursos para reducir las desigualdades.

El capital social, constituye una estrategia para el desarrollo humano que permite a los habitantes de las provincias aumentar su control sobre las decisiones que impactan sus vidas mediante el involucramiento comunitario, el Atlas revela que estos indicadores son muy reducidos en Colón y Bocas del Toro.

El Estado, representado por los tres órganos de Gobierno debe afinar el oído, y atender a las innumerables comunidades carenciadas, que reclaman mayor participación social en los beneficios de la economía con igualdad de condiciones, sin exclusión social, por encima de los intereses de sectores económicos privilegiados, que aspiran tener mayores beneficios en detrimento de las comunidades nacionales. El Gobierno es elegido por la ciudadanía, y debe responder fundamentalmente al interés de esa sociedad que lo eligió, garantizando el Bien Común y el Buen Vivir de los panameños.

ECONOMISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.

1.— GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA, CON ÉNFASIS EN PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PANAMÁ Y NACIONES UNIDAS. 2.— INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS SOBRE LOS AFRODESCENDIENTES. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. 21 DE AGOSTO 2013.