El proceso constituyente
y la universidad

En un pronunciamiento al país, denominado Declaración sobre el cambio constitucional y el proceso constituyente, aprobado por unanimidad en reunión del Consejo Académico #5-21, celebrada el 21 de julio de 2021, la Universidad de Panamá se comprometió en respaldar y promover, con la participación de todas sus facultades, centros regionales universitarios, institutos y centros de investigación, personal académico y administrativo un proceso constituyente para una nueva Constitución.

El compromiso institucional para “promover un procedimiento más democrático, legítimo y participativo para dotarnos de una nueva Constitución”, así adquirido por nuestra primera Casa de Estudios, permitía considerar que la reconstitucionalización del país iba a contar con el apoyo decidido del principal centro universitario del país y todo lo que ello conlleva, significa y alcanza.

En dicha declaración, hoy engavetada y ocultada al país por el capricho de quienes dirigen la Universidad desde la Colina, decanatos y centros regionales, encontramos párrafos que compartimos para conocimiento de nuestros lectores:

“Constituyente originaria: No está prevista expresamente como método de reforma, pero siempre es una opción viable, incluso reclamada por importantes sectores nacionales.

Su base constitucional estaría en el Artículo 2 de la Constitución Política, conforme al cual, el poder público solo emana del pueblo. Además, la situación imperante en el país podría justificarla, si se construyen los difíciles consensos que demanda.

Precisamente, la importante reforma de 1983 se hizo por un método extraconstitucional, avalado luego por la Corte Suprema de Justicia...”

Más adelante, el mismo texto nos indica bajo el subtítulo: Procedimiento más democrático, legítimo y participativo para dotarnos de una nueva Constitución:

“La nación panameña se encuentra de hecho transitando por un proceso constituyente, ya que la actual coyuntura política ha puesto en el centro dl debate la necesidad impostergable de trasformar las instituciones republicanas para superar las marcadas asimetrías existentes entre la constitución vigente y la realidad social, política y económica, lo cual constituye un caso patético de fraude constitucional”.

“Para alcanzar los objetivos de regeneración institucional y moral que la nación panameña merece y necesita, proponemos que la adopción de una nueva Constitución se realice mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria”.

“Partimos de la consideración de que es necesario superar la Constitución de 1972 y sus parches, es obvio que ja quedado obsoleta. Ninguna de sus normas fue adoptada en un entorno de plena vigencia de garantías democráticas por los ciudadanos y en la etapa posterior a la invasión de 1989, los cambios introducidos en su mayoría han respondido a los consensos e intereses coyunturales de la clase política”.

“La apertura de un proceso constituyente debe ser el resultado de las exigencias ciudadanas de dotarnos de nuevas instituciones políticas y jurídicas, las cuales deben necesariamente legitimarse mediante el voto ciudadano”.

“Las condiciones objetivas están maduras para el cambio. Los escándalos de corrupción han alcanzado los niveles de una pandemia que amenaza con hacer metástasis en el tejido social del país...”

Vemos entonces que, luego de una tan contundente pronunciamiento al país de parte del Consejo Académico de a Universidad de Panamá, resulta inaceptable e inconcebible el silencio que hoy guardan y los obstáculos que imponen —las autoridades universitarias—, para que la Universidad participe y promueva de manera decidida el proceso constituyente originario y la fase de la alfabetización constitucional.