El sistema está podrido

La injerencia del Poder Ejecutivo sobre los otros dos órganos del Estado, el Legislativo y Judicial, ha generado un daño de proporciones tales, que la putrefacción institucional se ha extendido a toda la esfera pública y contaminado la privada.

Al controlarse todo desde la Presidencia, no solo se redactan leyes a su antojo, sino que también se imparte justicia desde sus entrañas, y no necesariamente según lo que dispone el orden jurídico. Y como consecuencia, se ha mermado la gobernabilidad y erosionado la confianza y la credibilidad de los panameños en sus instituciones.

El país vive hoy un peligroso deterioro del sistema de justicia que ha traído pérdida de valores y desgaste moral en toda la sociedad. Ante esta situación, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presentó, hace más de un mes, un paquete de reformas constitucionales para mejorar la justicia y asegurar premura en el nombramiento de magistrados, celeridad en la resolución de los casos y mayor presupuesto para el Órgano Judicial. Porque no hay desarrollo económico sin justicia ni tampoco salud ni educación sin un Estado de derecho donde exista la presunción de inocencia y certeza del castigo.

Las recientes publicaciones del diario La Estrella de Panamá sobre la manipulación de expedientes en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) demuestran que los poderes del Estado no son independientes, que uno compra al otro, y los que fungen como honorables son capaces de vender sus almas al diablo, con tal de tener más poder. No hay día en que no estalle algún tipo de escándalo y que no haya sobresaltos por las decisiones que toman nuestros gobernantes. Sin embargo, aún son muy pocos los que entienden la gravedad que implica vivir en un país donde los tres poderes del Estado se tapan unos con otros, como cómplices y compinches, mientras los culpables siguen libres sin purgar condenas por sus fechorías, peculados y mentiras.

Al crearse en la Presidencia un aparato de investigación para armar los expedientes de los casos sonados del Gobierno anterior, lamentablemente se desperdició una oportunidad soñada para sentar un precedente digno para nuestro sistema de justicia. Porque al tratar de investigar selectivamente y utilizar abogados con vínculos personales a Palacio, lo que se hizo fue establecer una pesquisa institucional, un terrorismo procesal y una farsa judicial que maquiavélicamente dio origen a una taquilla canallesca para negociar quién quedaba libre y quién no, y jugar así con lo más preciado que tiene el ser humano que es su libertad.

Con la excusa de querer hacer justicia, La Estrella de Panamá nos confirma que esta patraña investigativa actuó en detrimento de los límites procesales normales y se apoyó en pruebas obtenidas de manera inapropiada. No es de extrañar entonces que todo lo actuado sea violatorio del debido proceso y que los casos produzcan nulidades y faltas administrativas de todo tipo. Sin embargo, el daño directo ya fue hecho, porque muchos de los expedientes armados se entregaron a medios afines al Gobierno y desde allí se convirtieron en titulares perversos y misiles mediáticos que posteriormente el Ministerio Público adoptó para citar, amedrentar, juzgar y condenar.

A pesar de que la reacción inmediata a la publicación de La Estrella de Panamá fue la de un silencio encubridor y sospechoso, poco a poco la sensatez ha imperado y día a día los comunicados de diversos gremios, asociaciones y demás sectores de la sociedad han condenado la forma inconsecuente de proceder del Ejecutivo. Es preocupante que existe un riesgo latente de que el Ejecutivo pueda, sin frenos ni contrapesos, convertir de un plumazo al CSN en un DENI o G-2 al peor estilo del régimen militar cuando investigaban y acusaban a sus opositores.

En otro país, esto mismo hubiera sido motivo de conmoción y revuelo público y sin miedo se hubiera exigido una reforma urgente del orden institucional. Pero aquí, todavía el Ejecutivo no se ha recuperado del tanganazo de La Estrella de Panamá y ha preferido jugar al avestruz. Con un mínimo de decencia y dignidad, esperábamos que tanto el director del CSN como la jefa del Ministerio Público voluntariamente se hubieran separado de sus cargos y que el procurador de la Administración hubiera hecho lo propio e iniciado de inmediato una investigación independiente para determinar la verdad, deslindar responsabilidades y aclarar si, en efecto, lo que se quería con esta procuraduría paralela era simplemente armar expedientes e investigar o infamemente perseguir y crear una taquilla para selectivamente extorsionar y lucrar del dolor ajeno.

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