Legitimidad democrática

Acudir al poder constituyente originario para hacer una Constitución es el paso idóneo, buscando que esa participación del pueblo sea lo más amplia posible. Esa dinámica es la que hace la diferencia frente a los llamados procesos reformatorios hechos por los poderes constituidos y que, en el caso de Panamá, ya han fracasado, en la medida que sus parches o llamadas reformas no le han quitado el autoritarismo y concentración de poder desmedido que tiene en su matriz la Constitución de 1972.

Cuando vemos en los hechos el papel deleznable de un Ministerio Público selectivo en la investigación o persecución del delito, y a una Contraloría General de la República con controles difusos que alientan y permiten por acción u omisión la corrupción desbordada, nos damos cuenta de que la sociedad debe organizarse para ser muy precisa y sabia en la elección de los delegados a esa asamblea constituyente, que deberá estar formada por gente con reales convicciones democráticas y que no se preste para seguir dejando las actuales estructuras en las que descansa hoy el Estado panameño.

El debate constituyente debe efectuarse de una manera serena e ininterrumpida, como ya se ha dicho, sin prisa, pero con pausa. Se requiere de un trabajo de reingeniería profunda, que le devuelva la credibilidad y legitimidad tanto a las organizaciones como a las mismas instituciones, desgastadas en sus estructuras. La desconfianza y el desasosiego imperante solo terminarán si los ciudadanos adoptamos la decisión de actuar y salir de la pasividad y la abulia. Nada impide que el poder constituido abra el espacio para que el poder constituyente originario actúe a través de una asamblea o convención constituyente, donde será el electorado el que elegirá a sus integrantes de listas, quienes serán los que van a elaborar, discutir y aprobar una nueva Constitución. La refundación del Estado panameño va de la mano de la más amplia participación ciudadana a través del proceso constituyente. Lo que provocará esa dinámica nos acercará hacia esa Carta Magna, producto del concurso de todos.

Dos instituciones que deberán cambiar radicalmente en un nuevo texto constitucional serán, entre otras, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que en las últimas décadas han fracasado en su función de control e investigación. Al no haber controles efectivos, se ha ido desbordando la corrupción, con lo cual se ha venido deteriorando de manera progresiva nuestro sistema constitucional vigente y lo han puesto al servicio de poderosas minorías políticas y económicas, en detrimento del pueblo como poder soberano.

El mal llamado “Consejo de la Concertación para el Desarrollo Nacional” fue una manera fallida de pretender engatusar a la sociedad, haciéndole creer que con ese adefesio jurídico se podía sustituir o reemplazar al verdadero titular del poder constituyente originario, que es el pueblo. Lo que le va dar legitimidad democrática al proceso constituyente no será otra cosa que promover y estimular la más amplia participación masiva en ese esfuerzo al cual debemos empeñarnos con todas nuestras fuerzas, si queremos evitar que el Estado panameño se desintegre entre nuestras manos.