Sistema electoral panameño: sus debilidades

El cúmulo de procesos de impugnación que el Tribunal Electoral ha tenido que resolver este año debe ser aprovechado como fundamento para una discusión seria sobre la estructuración de nuestros sistema electoral, especialmente en lo relativo a la elección de los diputados de la República, sin menospreciar el hecho de que se requiere atacar con mayor vehemencia, penalmente hablando, la utilización de recursos del Estado para beneficio particular en un proceso de elección popular.

Las debilidades del sistema han quedado más que evidentes, no solo por el hecho de que un presidente en funciones haya violentado flagrantemente el artículo 136 de la Constitución Nacional, al hacerle campaña abierta al candidato oficialista y sus copartidarios postulados para algunas curules legislativas y alcaldías, sin que hasta la postre le haya sucedido nada. ¿Será que dicho delito prescribió por ahora ser expresidente? Sino que las debilidades han quedado expuestas en los proceso de impugnación, donde han resultado anulados ciertos resultados, sin que se visualice un proceso penal contra aquellos señalados por utilizar bienes del Estado para hacer campaña electoral, aunado al hecho de que sin impedimento alguno han podido competir y resultar electos en unas elecciones meramente parciales, cuando debieron haber sido anuladas en su totalidad, no en algunas mesas. Debilidades claras de la legislación electoral.

Evidentemente es necesario llegar a las raíces de nuestro sistema electoral y reformarlo, y esto parte desde la Constitución Nacional. Es cierto que se pueden lograr importantes y trascendentales cambios a través de la legislación electoral, partiendo de la modificación del método de elección de los diputado, que sigue atentando contra la voluntad popular y el derecho a elegir libremente, particularmente en los circuitos plurinominales; sin embargo, mientras a nivel constitucional no se logre una real separación de los poderes del Estado y se acabe con la reelección eterna a ciertos cargos de elección popular, lo que se logre a través de la Ley Electoral no surtirá el nivel de efecto de cambio que el sistema requiere.

Es imprescindible que en la Comisión de Reformas Electorales, a convocarse el próximo año, los actores sociales se presenten con una lista bien clara de las inconsistencias que se deben atender y resolver. Ya hay un compromiso político de aprobar la propuesta de reformas que engavetó el Gobierno pasado en pos de su interés de control total sobre todo poder del Estado, pero aquello no será suficiente.

La Ley Electoral debe garantizar certeza de castigo contra quienes la violenten y respeto al derecho de elegir libremente. Se trata de tareas pendientes que no pueden postergarse, de un esfuerzo serio por fortalecer la institucionalidad democrática, porque por más que la sociedad se indigne y asegure que quiere gente decente en los cargos de elección popular, esto no tendrá trascendencia alguna mientras las instituciones sean débiles.

*ANALISTA DE SISTEMAS.