PPC vende acciones de puertos panameños a BlackRock; Gobierno confirma que auditoría continúa

El conglomerado con CK Hutchison Holdings Ltd., llegó a un principio de acuerdo con el consorcio estadounidense BlackRock-TiL, para adquirir el 90% de las acciones que tiene la compañía, con sede en Hong Kong, dentro de Panama Port Company (PPC).

Con esta acción, el consorcio BlackRock-TiL, conformado por las empresas BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd., será el encargado de la concesión para la operación de los puertos de Cristóbal y Balboa, en Panamá.

La transacción sobre PPC se realizará por separado, una vez el Gobierno de Panamá de su visto bueno a los términos propuestos para la compra y venta.

Además, el consorcio BlackRock-TiL se quedará con 43 puertos, en 199 atracaderos, ubicados en 23 países, junto con otros recursos de gestión de operaciones, sistemas operativos de terminales TI y otros sistemas de Hutchison, y otros activos relacionados con el control y las operaciones de esos puertos (el “Perímetro de Venta de Puertos de HPH”).

El valor total de la transacción, incluidos los puertos de Panamá, se acordó en $22.8 mil millones.

El acuerdo no incluye los puertos que Hutchison opera en Hong Kong, Shenzhen y el sur de China, o cualquier otro puerto en territorio chino.

Se espera que la firma definitiva del acuerdo se concrete el 2 de abril o antes. CK Hutchison y HPH -filial de la empresa en Panamá- acordaron acuerdos exclusivos de negociación y confidencialidad con el consorcio estadounidense, para que este tenga acceso completo a la información y la documentación a los efectos de realizar la debida diligencia confirmatoria.

Sobre el acuerdo, el codirector gerente de CK Hutchison, Frank Sixt, expresó que esta transacción le dará al grupo corporativo unos $19,000 millones, tras los ajustes necesarios para tener en cuenta los intereses minoritarios y el pago de ciertos préstamos de accionistas adeudados por HPH a CK Hutchison.

Por parte, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, mencionó que “este acuerdo es una poderosa ilustración de la plataforma combinada de BlackRock y GIP y nuestra capacidad para ofrecer inversiones diferenciadas para los clientes. Estos puertos de clase mundial facilitan el crecimiento global”.

Diego Aponte, representante de Terminal Investment Limited (TiL), el presidente de TiL y presidente del Grupo MSC, destacó que “están muy contentos de asociarse con BlackRock yy Global Infrastructure Partners (GIP).

Durante su intervención, Sixt aseguró que este acuerdo es movido solo por intereses comerciales y no por presiones políticas. “Me gustaría destacar que la transacción es de naturaleza puramente comercial y no tiene ninguna relación con las noticias políticas recientes sobre los puertos de Panamá” justificó.

El anuncio de la compra-venta se en medio de los constantes ataques del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una supuesta presencia china en el Canal.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mencionó en enero pasado, durante una entrevista en el Megyn Kelly Show que, el hecho de que una compañía, con sede en Hong Kong, administra los puertos de Cristóbal y Balboa, representaba una “amenaza” para los intereses de Washington.

Tras confirmarse el futuroventa, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, bajo control republicano, atribuyó la venta a Trump y lo calificó como un “triunfo” de la Casa Blanca en su disputa con Pekín. “China está siendo expulsada de Panamá y Estados Unidos está ganando, gracias al presidente Trump”.

Horas después del anuncio, el Gobierno detalló en un escueto comunicado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) están vigilando que en este proceso se estén “cumpliendo” todas las regulaciones y leyes del país.

A su vez, detallaron que la Contraloría General de la República, continúa con el proceso de auditoría a la compañía y que, el resultado de esas acciones “será un factor importante por parte del Gobierno Nacional respecto de una nueva relación con el concesionario”.

El pasado 26 de enero el procurador de la Nación, Luis Gómez, señaló de “inconstitucional” el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company. Una opinión en el marco de una demanda que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.