Seguros sociales: viejas contradicciones, nuevos actores

Cada vez que nos sumergimos en el mar de la historia de los seguros sociales, nos percatamos de que las problemáticas que le han caracterizado tienen los mismos rasgos sustanciales, por cuanto las relaciones que se establecen al crear estas instituciones tienen las mismas raíces, las mismas causas. Al ser fruto de relaciones sociales, encontramos las mismas contradicciones entre las mismas clases de sujetos que intervienen, con intereses encontrados, a largo plazo insalvables, a corto y mediano plazo resueltas parcialmente.

Citando la obra de Henry Sigerist (Landmarks in the history of hygiene, 1956), uno de los clásicos en la historia de la protección social y la salud pública de la modernidad, Otto Von Bismarck, impulsor del modelo de los seguros sociales en Alemania ya planteaba desde 1849 que la inseguridad social de los trabajadores -esa ausencia de protección de las principales secuelas de la industrialización capitalista- “era la causa real de que fuesen un peligro para el Estado”. (Sigerist, 1956). En realidad, esta idea buscaba quitarle las condiciones materiales que llevaban a fortalecer el ímpetu revolucionario del movimiento y partidos obreros de la época. Reduciendo la desprotección social de los trabajadores, las ideas revolucionarias no tendrían terreno fértil.

No obstante, esta perspectiva compartida con las fracciones industriales en ascenso no era apoyada por la aristocracia alemana, con mayor poder que el empresariado industrial en esas fechas. Cuando se logran instaurar en la década de 1880 los seguros sociales, estos se aprobaron con limitaciones que no era lo que había planteado Bismarck. Los políticos (liberales) representantes de los intereses aristocráticos impidieron que el proyecto bismarckiano pasara completo. ¿Por cuál razón? “No querían que el gobierno compitiera con las aseguradoras privadas” (Ibídem).

A lo largo de la historia de nuestra CSS, desde su nacimiento ocurre que el proyecto de nuestro artífice nacional de los seguros sociales, Manuel María Valdés, fue escamoteado, prácticamente por las mismas razones que un siglo antes en Alemania, la emergencia de una contradicción irresoluble entre “nuestra” aristocracia rentista (comercio y servicios) por un lado, y los intereses de los trabajadores asalariados, por otro, donde las fracciones industriales planteaban la preminencia de los seguros sociales como fórmula para burlar la elevación del salario real de sus propios trabajadores.

Los seguros sociales del modelo Bismarck (el de IVM, el de enfermedades profesionales y el de enfermedad común y maternidad) han sido herramienta eficaz para ese propósito, que alivia las penurias de los trabajadores cubiertos cuando estos seguros cumplen sus cometidos. Esto fue lo ocurrido en Panamá desde finales de los años 1950 hasta inicios de la década de 1980. Desde 1982, las élites rentistas del capital financiero -tanto de negocios de aseguradoras como inmobiliarios- se ensañaron contra nuestros seguros y hoy quieren darle el golpe de gracia a las reservas acumuladas en IVM en poco más de seis mil millones, en el llamado sistema de beneficios definidos.

Curiosamente, el gobierno viene difundiendo que las propuestas de los sectores representativos de los trabajadores no cuentan con sustentos financieros, no muestran viabilidad financiera. Se sabe que los diversos ejercicios de prestigiosos actuarios y economistas vinculados a estos grupos han hecho los cálculos pertinentes que se destacan por mostrar fuentes de financiamiento factibles técnicamente, dirigidos a sostener el régimen de beneficio definido.

El más contundente de estos análisis, el del doctor Orlando Sam, incluso muestra que solamente cumpliendo con lo que la ley orgánica de la CSS estipula -aun con las modificaciones hechas en 2005- manteniendo el régimen de capitalización colectiva intergeneracional, o sea, el sistema solidario, se resuelve el problema de la crisis creada artificialmente en favor de entregar el manejo de los fondos a las élites financieras del aseguramiento privado. Esto es lo que se deriva al observarse que las administraciones gubernamentales, no cumplieron con todos los aportes que establece la ley. ¡Cúmplase con esto y no hay que aplicar ninguna medida perjudicial al sector laboral!, revela el análisis del doctor Sam.

A contrapelo, el gobierno obvia -por las mismas razones que los representantes de las aseguradoras privadas de la Alemania del siglo XIX diezmaron el proyecto de Bismarck y en Panamá el proyecto de Manuel María Valdés y sus seguidores hasta hoy- que la propuesta del Conep no ha mostrado su viabilidad financiera en favor de la población laboral. Indudablemente, estamos ante las mismas viejas contradicciones que emergieron con los seguros sociales, aunque con nuevos actores.