Asociaciones público-privadas en salud

Los sistemas públicos de salud tienen como desafío asegurar el acceso universal a servicios de salud con oportunidad, eficiencia, calidad y equidad, en un contexto caracterizado por el envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, junto con la presencia de enfermedades agudas, reemergentes, y las asociadas con los diferentes riesgos sociales; el cual hace mucho más complejo el cumplimiento con este desafío.

Para responder a estos requerimientos, Panamá se encuentra en pleno debate por la transformación de nuestro sistema público de salud, y abundan las propuestas para organizarlo de la mejor manera. Entre estas no se descarta algún rango de integración entre sector público y privado, donde este último puede ser desde un prestador de servicios ocasional hasta una organización integrada completamente a la red asistencial.

Esto último es un asunto de gran importancia para Panamá, pues recientemente nuestro presidente electo anunció que ‘entre las primeras propuestas para reactivar la economía están las asociaciones público-privadas, que actualmente carecen de marco legal y cuyo debate se estancó en el 2011 por protestas que denunciaban privatización disfrazada'.

En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. En ese contexto, con el propósito de complementar el debate sobre la transformación del sistema de salud, comparto en esta entrega algunos puntos de vista sobre las posibilidades de integración entre el sector público y privado.

De acuerdo con el BID, la consistencia de los resultados observados en los contratos de APP de salud, la convierten en el mecanismo recomendable, si el Estado busca entregar servicios en el menor plazo posible y con la menor desviación respecto al presupuesto aprobado. Para ello es indispensable contar con apoyo político que impulse estrategias que, combinando gestión del cambio y negociación con los actores involucrados, asegure los derechos de los usuarios y trabajadores. Sin embargo, hay que evitar el sesgo optimista y caer en la tentación de asumir que estas pueden solucionarlo todo. Si un proyecto está mal estructurado desde un inicio, y no cuenta con el efectivo respaldo político y apoyo de la comunidad, el marco APP no lo mejorará.

Por su parte, la Internacional de Servicios Públicos, en su informe ‘¿Por qué las asociaciones público-privadas no funcionan?, afirma que ‘las APP están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios'. Y subrayan que, ‘las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir, lo que es incompatible con la protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de calidad'. Propone, por lo tanto, que los Gobiernos nacionales y locales sigan desarrollando la infraestructura utilizando financiación pública para la inversión, y a las organizaciones del sector público para prestar el servicio.

Finalmente la Apede, en su documento Visión País 2050, manifiesta que ‘el desafío actual consiste en reestructurar el sector público de salud y establecer, de manera paralela, alianzas entre los sectores público y privado que redunden en servicios de mayor impacto, con una cobertura más equitativa, de mejor calidad y a un costo sostenible'.

En mi opinión, el desafío de las próximas autoridades debe ser dar continuidad al proceso de Transformación del Sistema Público de Salud, aprovechando la abundante fundamentación técnica disponible, sin desechar ‘a priori', la opción de fortalecer los mecanismos intersectoriales de coordinación, incorporando al sector privado y sociedad civil organizada en los espacios de diálogo y concertación, para apoyar la implementación de políticas públicas, leyes, regulaciones y acciones.

No debemos confundir las APP con las penosas experiencias de tercerización y privatización de muchos servicios que debería proveer el sistema público de salud, las cuales han estado presente en nuestro país desde hace muchos años, sin la debida regulación y fiscalización de la autoridad sanitaria, propiciando en no pocos casos, gracias al clientelismo y la corrupción, negociados y despilfarros que poco han beneficiado a la población panameña.

En ese contexto, reitero la conveniencia de explorar la posibilidad de aprovechar, eso sí, debidamente regulado y fiscalizado, el potencial que tendrían las alianzas público-privadas para: la provisión de algunos servicios de salud que no pueda ofrecer el Gobierno y; el fortalecimiento de la gestión efectiva. Antes subrayo que, para que esto sea transparente y beneficioso para la población, es obligatorio fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud para ejercer de forma efectiva y transparente, las funciones de la Rectoría del sector, en especial la fiscalización y control para hacer cumplir las regulaciones.

MÉDICO

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