Riquezas nacionales: ¿para quién?

Bajo el sugestivo título de “Riquezas mineras ¿para quién?”, la Televisora Nacional, canal 2, se atrevió a exponer un valioso reportaje, denunciando graves situaciones relacionadas con la explotación minera en nuestro país, sus afectaciones e incompetencia en la inspección del medio ambiente; y, por supuesto, señalando la bicoca económica que significa para nuestro país esta explotación de nuestros recursos naturales.

Esta pregunta, ¿riqueza minera para quién?, la podemos extender, sin hacer mayores esfuerzos, a la explotación portuaria, cuando hablamos sobre la renovación de los contratos, y hasta para los recursos derivados del Canal nos hacemos el mismo cuestionamiento. ¿Riqueza portuaria para quién?, ¿riqueza canalera para quién?, y así también sobre otras explotaciones de nuestros recursos naturales.

Omar Torrijos nos dijo, en 1981: “Ningún interés privado puede privar sobre el interés de la comunidad”. ¿Lo estarán cumpliendo quienes se dicen torrijistas y están en el poder en sus negociaciones?

En atención a las discusiones y el diálogo sobre temas relacionados con nuestra riqueza natural, algunas aberraciones han salido a la luz pública, como el pronunciamiento de funcionarios señalando, en forma descarada, que las riquezas del país les pertenecen a las empresas que las explotan. Es decir, tal como lo hemos expuesto anteriormente, el ADN de Bunau Varilla continúa reproduciéndose en muchos que se dicen panameños.

Las negociaciones para un nuevo convenio con empresas mineras, en manos de una comisión que empezó coja, denunciada por la renuncia de uno de sus miembros, no vislumbra un final de acuerdo con los derechos y beneficios que le corresponderían por justicia al país.

Existe, fehacientemente, una larga lista de hechos históricos en las relaciones contractuales con varias empresas mineras. Allí están a la vista áreas desoladas e improductivas, producto del pésimo manejo y falta de fiscalización en el cuidado del ambiente, totalmente contaminadas y con serias afectaciones producidas a los pobladores más próximos.

Se repite la historia. Una empresa se declara en quiebra, la compra otra con múltiples promesas, y luego también se declarará en quiebra después de explotarla a la saciedad.

Se reconoce en todos los ámbitos, especialmente con la experiencia demostrada, que nuestro país, con una institucionalidad devastada, débil, con un Gobierno falto de transparencia, con una irresponsabilidad generalizada y sin los técnicos y científicos suficientes, no podrá fiscalizar el valor de las explotaciones que se exportan, con la desventaja de que se trata de una relación con empresas poderosas que tienen, al igual que otras similares, la capacidad de doblegar conciencias, por más patrióticas y nacionalistas que se nos intentan vender.

Similar al caso portuario, los contratos serán velados, habrá muy poca transparencia bajo el paraguas de decretos de censura gubernamental, que se sumarán a las numerosas decepciones que tienen a gran parte del pueblo panameño al borde de una confrontación social.