Venezuela: un régimen fraudulento

En 2007, cuando se realizaron las elecciones para la reforma constitucional en Venezuela, el chavismo perdió y meses después inventó una enmienda para obtener lo único que quería: la reelección indefinida. Fue uno de los hechos más descarados realizados solo para atornillarse en el poder de manera indefinida. Ya antes, en 2006, se había realizado el único referéndum revocatorio, de mitad de mandato, que ordena la Constitución venezolana y que arrojó una dudosa victoria de Hugo Chávez, permitiéndole a este continuar en el poder. Otra fuerte versión es que el finado mandatario había perdido ese referéndum y la prueba es que los resultados oficiales nunca fueron publicados. Hasta hoy jamás se supieron las cifras oficiales.

Cuatro años después, se celebró un circo electoral digno de las tramoyas que suelen inventar: cambiaron los circuitos electorales a su favor, modificaron la antigua ley electoral que eliminaba el peso de las minorías y obligaron a la oposición a ir unida en las parlamentarias de 2010. El resultado fue insólito: el chavismo obtuvo más diputados que la oposición, a pesar de haber obtenido el 48 % del caudal de votos contra el 52 % para la oposición.

En medio de todos esos sonados fraudes ni hablar de las elecciones para gobernadores y alcaldes. En cada una de ellas, el chavismo montó sus entramados y le metió el torniquete a todos los aspirantes opositores, con ventajismo, amenazas e inhabilitaciones políticas, que se sumaron a los acostumbrados manejos oscuros del ente electoral, produciendo resultados predecibles: el chavismo se adueñaba de la mayoría de los centros de poder regionales.

En 2015, después de que la oposición ganó la AN en diciembre, el régimen nombró en enero su TSJ ilegal. Un par de años después, surgieron las fuertes protestas que demandaban la salida del Gobierno y que dejaron más de 100 víctimas producto de la represión. En medio de esa situación, se realizó un plebiscito mundial el 15 de julio, con victoria aplastante para la oposición, pero el régimen impuso de inmediato la Asamblea Constituyente (ANC), sin consultarle al pueblo si quería o no que se instalara esa institución. Aparte de anunciar la redacción de una nueva Constitución, el objetivo de esa medida era simple y evidente: anular completamente las pocas competencias que le quedaban a la Asamblea Nacional legítima, electa por la mayoría de los venezolanos.

Los resultados de aquella consulta mundial del 15 de julio de 2017 eran vinculantes y permitía el desconocimiento de la ANC, demandaba a la FAN a defender la Constitución vigente y aprobaba la renovación de los poderes para conformar un nuevo Gobierno de unidad. Lamentablemente nada de eso ocurrió. Fue otro episodio en que los esfuerzos de cambio se volverían sal y agua.

En 2016, en medio del vía crucis impuesto por el régimen a la mayoría parlamentaria opositora, y cumplida la primera mitad del mandato de Maduro, el régimen y sus aliados del Tribunal Electoral evadían descaradamente la celebración de un nuevo referéndum revocatorio. Sabían que Maduro perdía abiertamente esa consulta, que los obligaría a llamar a elecciones en los siguientes 30 días a la presentación de los resultados. Durante todo el 2016, se recuerda, inventaron las más insólitas argucias para finalmente anunciar que ‘no había tiempo' de realizar el referéndum. Era una nueva violación a la Constitución que el propio Chávez impulsó y aprobó en 1999, por eso ahora el renovado empeño del madurismo en modificarla.

Cuando en diciembre de 2015 la oposición aplastó al oficialismo en las elecciones legislativas, poco después el chavismo saboteó esos resultados inhabilitando a algunos diputados electos e impidiendo conformar la mayoría absoluta. La nueva AN se instaló pero, en realidad, fue más ruido que acciones reales. Declararon a Maduro en abandono de las responsabilidades de su cargo, pero de inmediato actuó el llamado ‘TSJ express', impuesto ilegalmente por Diosdado Cabello, que procedió a anular todas las medidas parlamentarias y acusando de desacato a los diputados, quienes a la larga fueron agredidos y, progresivamente, inhabilitados para actuar. Junto a todo ello, surgió la terrible percepción de que la oposición no estaba actuando con la urgencia necesaria que demandaba la situación y dejó en evidencia la connivencia de algunos de ellos con el régimen madurista. Fue un paso en falso de la oposición que deterioró ostensiblemente su credibilidad ante la opinión pública.

El entramado electoral más reciente montado por el régimen fueron los comicios realizados en mayo de este año, desconocidos por la comunidad internacional por no adecuarse a los estándares que demandan unas elecciones libres y democráticas. En esa parodia, Maduro enfrentó a unos candidatos que simplemente le dieron oxígeno a una falsa fachada democrática. En esos comicios fueron inhabilitados los dirigentes opositores que superaban abiertamente al dictador en las encuestas, todos inhabilitados políticamente o encarcelados por el régimen. Así Maduro renovaba fraudulentamente su mandato.

Pero, pese a los intríngulis descubiertos a lo largo de estos duros años negociados entre el chavismo y una parte de la oposición venezolana, el mecanismo del régimen es sencillo: a pesar de que siempre han salido derrotados, luego han adecuado el orden jurídico a su conveniencia para revertir la derrota. Así ha sido siempre. De lo que no cabe duda es que no se podrá salir del dictador con votos, al menos con las condiciones impuestas por el régimen. Es ingenuo pensar que aún se puede. Se impone primero salir del actual estatus político, rescatar la institucionalidad y los valores republicanos, para proceder luego a restaurar la democracia y convocar a elecciones libres y justas. No hay otra salida.

PERIODISTA