Razones para la designación de 'corrupto significativo'...

Muchas voces, algunas más interesadas que otras, rasgan sus vestiduras por una vez más, la intervención norteamericana en nuestros países, al arrogarse el supuesto derecho de definir quién es o no es corrupto, allende sus fronteras y sin un debido proceso.

Los argumentos van desde señalar la prepotencia imperialista hasta la falta de autoridad moral para calificar la denominada mala conducta de otros, sin mirar hacia dentro las propias debilidades de Estados Unidos.

Yo tengo otra opinión. Creo que es una decisión económica; específicamente fiscal, con repercusiones políticas a mediano y largo plazos en los países que sancionan, así como en los países de origen de los ciudadanos designados “corruptos significativos”. Y también política: países inestables políticamente, generan corrupción y viceversa, lo cual baja el crecimiento económico y expulsa población migrante que va a parar en gran medida a Estados Unidos.

Abundo más: las motivaciones son similares a las de OCDE/GAFI, cuando incluye también sin sustento legal internacional a nuestro país, en las infames listas coloridas. Aclaro que no estoy negando que en nuestros países existan pícaros, doble moral, corruptos, políticos deshonestos, etc., que abusan del sistema para apropiarse de los dineros ajenos.

En inglés existe una frase que en traducción libre sería “la nivelación del campo de juego”. Es decir, promover que existan reglas similares sin ventajas para ninguno de los participantes en los mercados y sociedades de cada país. ¿Amor por la justicia? ¿Inquietud deontológica? ¿Preocupación humana por los indígenas, campesinos y obreros de nuestras tierras cuyas necesidades se postergan porque los políticos en contubernio con empresaurios se distribuyen la res pública? NO.

El Gobierno norteamericano, al imponer sanciones a sus empresas que paguen comisiones por contratos en el exterior, mientras otros países, o empresas locales e internacionales lo hacen o ignoran tales restricciones, provoca que las empresas norteamericanas queden fuera de competencia. Veamos: ¿desde cuándo una empresa norteamericana participa y gana una licitación en Panamá?

Al no participar o no competir distribuyendo coimas, las empresas norteamericanas no ganan licitaciones, y en consecuencia dejan de pagar los respectivos impuestos que habrían generados las utilidades que dejan de obtener por no realizar obras en nuestros países; dejan de demandar insumos y recursos de Estados Unidos. Afectan por rebote las finanzas públicas y la economía de Estados Unidos.

Mientras tanto, las empresas que pagan comisiones o coimas, se quedan con esos mercados; con las utilidades obtenidas; y para pagar los contratos comprados, aumentan los precios privatizando ganancias en manos de políticos corruptos; dineros que de otra manera podrían haber incrementado las recaudaciones fiscales propias del país, ampliando la capacidad de atender las necesidades de la población local.

Como ven, es una decisión económica, particularmente en el área de la competencia de las empresas norteamericanas en la Región, la generación de utilidades y el incremento de la recaudación fiscal de los países. También como indicamos arriba, es política, ya que las poblaciones votan con sus pies emigrando y yendo a tocar las puertas del cada vez más desdibujado sueño americano.

Coincidentemente, esas son las mismas motivaciones por las cuales OCDE/GAFI mantiene una cerrada presión sobre Panamá en su cruzada de cerrar escapes al pago de impuestos u ocultamiento de bienes; a pesar de que conocen a la saciedad que nuestro país no es realmente significativo en materia de ocultamiento de impuestos dejados de pagar en sus respectivas jurisdicciones. La globalización y los inmensos flujos monetarios en la época actual amenazan la sobrevivencia de los estados de bienestar, piedra angular de la paz y convivencia de las sociedades europeas.

No negamos que se haya abusado de las estructuras nacionales para en algún momento realizar actividades “non sanctas”. Sin embargo, las presiones recibidas, la adopción de medidas severas de control de apertura de cuentas bancarias en Panamá, estoy convencido de que han desestimulado a los delincuentes internacionales a evitar hacer negocios, o sociedades anónimas, en Panamá.

Inclusive, empresarios legítimos han preferido no venir a Panamá para evitarse la agobiante debida diligencia ampliada a que se ven sometidas todas sus transacciones desde y hacia Panamá. El efecto en la Inversión Directa Extranjera está por cuantificarse.

Qué hacer: creo que Panamá tiene, provocada por la conjunción de las presiones de OCDE/GAFI y los intereses norteamericanos, la oportunidad de aprovechar ese impulso, para avanzar en el desarrollo de su propia agenda de eliminación de prácticas corruptoras, que se refleje en el fortalecimiento de la impartición de Justicia en Panamá.

Nadie debe estar por encima de la Ley. Mucho menos, a quienes la Patria les pone en sus manos el bienestar, la vida, honra y bienes de todos los asociados.

La odiosa impunidad de que gozan los que corrompen a unos pocos para beneficiarse ellos mismos y sus asociados, no puede seguir siendo una opción. Si no hacemos nada, la fragilidad de las finanzas públicas eventualmente alimentará la reacción social adversa ante necesidades básicas insatisfechas que el Estado debe proporcionar o facilitar su entrega a la sociedad. Y entonces sí, estaremos en peligro de perder la Paz y la Convivencia respetuosa que todos nos merecemos.