¡Que se pudran en la cárcel!

Probablemente todos hemos expresado en algún momento nuestro deseo de que un violador, asesino, profesional o gobernante corrupto se pudra en la cárcel, sin reparar en el verdadero propósito de un centro penitenciario. La privación de la libertad es un castigo que se aplica al que delinque, con el propósito de que entienda el mal causado y sus consecuencias, quiera y aprenda a cambiar su conducta y pueda reinsertarse en la sociedad, con la finalidad de disminuir la criminalidad, de manera que vivamos más seguros.

Lamentablemente, nuestros centros penitenciarios se han convertido en todo lo contrario, no sólo para los privados de libertad, sino también para policías, custodios y todo el que allí labora. Son tierras fértiles donde se cultivan el resentimiento, la violencia y la corrupción. Y lo más insólito, a un costo de $1.650.00 mensuales por reo, lo que suma a esta fecha $476 millones anuales para los contribuyentes.

La causa principal es el hacinamiento que nos ha dejado la incapacidad y desidia de algunos gobernantes. Veamos algunas cifras:

La administración del expresidente Torrijos agregó 70 privados de libertad a los 11.339 que recibió en julio de 2004.

Durante el siguiente quinquenio (presidente Martinelli), la población ascendió de 11.409 a 14.926, es decir, 3.517 más. Sin embargo, la capacidad de los centros aumentó en la misma proporción, así como el pie de fuerza y el personal técnico y administrativo, con la construcción de nuevos pabellones en La Joya, La Joyita y el nuevo centro Deborah, en Bocas del Toro.

Los ejemplos anteriores comprueban que, con las políticas adecuadas, se puede controlar el hacinamiento.

Fue durante los últimos años que la situación se tornó insostenible, con un aumento de 2.029 privados de libertad durante el mandato del expresidente Varela, y 7.093 durante el gobierno del expresidente Cortizo.

Hasta el 12 de junio de 2024, la población de los centros penitenciarios era de 24.048, para una capacidad máxima de 14.948, lo que se traduce en una sobrepoblación de 9.100. No es necesario hacer un análisis profundo para dimensionar las consecuencias.

Se trata de miles de seres humanos que no tienen un espacio donde dormir ni sentarse, y se ven obligados a hacer sus necesidades en tanques, agravado por la escasez de agua en La Joya y el Centro Penitenciario de Chiriquí, con poca o ninguna luz solar, donde las infecciones y enfermedades se transmiten con gran velocidad y no discriminan entre reos y el personal que allí labora.

Lejos de aplicar medidas de descongestionamiento, que incluso el papa Francisco solicitó, el gobierno del presidente Cortizo restringió las visitas y endureció las medidas de seguridad, haciendo casi imposible la asistencia espiritual, educativa y atención de salud que presta la Pastoral Penitenciaria Católica y otras organizaciones, siendo la más cruel, la prohibición de la entrada a las cárceles de varones, a las voluntarias mujeres. Esto es especialmente grave, porque todos sabemos que el 90 % del voluntariado lo hacen las mujeres, muchas de las cuales se constituyen en la única visita que reciben algunas personas durante todo el tiempo que pasan encerradas.

El gobierno actual tiene planes de ampliar la capacidad carcelaria con la construcción de nuevas estructuras y, lo que es más efectivo y menos costoso, aplicar medidas de descongestionamiento, como el uso del brazalete electrónico, rebajas de pena periódicas y libertad condicional. Con la sola implementación del brazalete electrónico a una parte de los que esperan juicio o audiencia preliminar, el Estado podría ahorrarse $100 millones anuales.

El gobierno del presidente Mulino, a través de la ministra de Gobierno, ha dado pasos que demuestran una firme voluntad de resolver el problema del Sistema Penitenciario. Pero ningún gobierno, por más voluntad que tenga, puede hacerlo solo. Para ello, se requiere de la cooperación de los órganos Judicial y Legislativo.

Es imperante asegurar que se estén dictando las medidas cautelares correspondientes, ya que el 35 % de los privados de libertad se encuentra en espera de juicio o audiencia preliminar. Siendo que la detención preventiva es el último recurso de medida cautelar al que se debe recurrir, tenemos que concluir que se está enviando a la cárcel a personas que no tienen que estar allí. De igual manera, se requiere de la colaboración de los jueces de cumplimiento, para que el proyecto del brazalete electrónico y otras medidas tengan el impacto deseado.

Urge también modificar el Código Penal para adecuar las penas, de manera que cumplan con el propósito de la certeza del castigo y, a la vez, permitan la resocialización.

Fue con juicios rápidos, penas cortas y una fuerte inversión en educación y atención psicológica, que en los Países Bajos lograron disminuir la criminalidad y cerrar 23 cárceles en el año 2019. Lejos estamos de eso, razón por la cual debemos empezar cuanto antes.