¿Qué debe contener un nuevo contrato minero?

Pasadas las elecciones, el nuevo gobierno debe incluir en sus evaluaciones la posibilidad de celebrar un nuevo contrato minero, entendiendo que la Corte Suprema de Justicia no ha limitado las competencias del Órgano Ejecutivo para negociar y representar comercialmente al Estado en cualquier tipo de contratación.

Dentro de estas posibilidades, esa negociación debe conllevar el compromiso estatal de crear un organismo especializado de supervisión y fiscalización para los temas de explotación minera, de modo tal que los ciudadanos encuentren las respuestas a cualquier interrogante que se pueda presentar y, de esta manera, se eviten a futuro todas las situaciones provocadas, a mi criterio, por falta de información de calidad que terminaron con las protestas de noviembre de 2023.

De igual manera, esta posibilidad conlleva el establecimiento de un diálogo con la empresa minera que analice los riesgos del Estado panameño en el sentido de evaluar objetivamente la posición jurídica de la República de Panamá ante escenarios de pleitos por incumplimientos.

¿Qué debe contener un nuevo contrato minero? Primero, atender las advertencias y rectificarse en un nuevo documento resultado de una conversación entre el Estado y la empresa. Considerar la situación excepcional de una inversión previa, asegurando que los requisitos no sean obstáculos, sino facilitadores de una relación beneficiosa con el Estado panameño.

Debe tenerse presente que incluso legislar para ordenar y sistematizar esta compleja situación pudiera ser una fórmula eficiente que requiere el establecimiento de una hoja de ruta muy clara.

Con el paso de los meses, ha quedado evidenciado el carácter apresurado del fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato minero, y es justamente este fallo el que hace que el Ejecutivo asuma.

Es así que, pasadas las elecciones, el tema minero va atemperándose y poniendo en contexto las verdaderas realidades del país y el abordaje de este asunto.

Es innegable que el Gobierno del presidente Mulino tendrá que ser creativo para la atracción de inversión extranjera y poder garantizar que la inversión privada sea una fuente importante para generar empleos en el país. Un tema que se debe atender como herencia del Ejecutivo del presidente Cortizo lo será la resolución Resolución de Gabinete N. 19 de 27 de febrero de 2024, que instruye a las instituciones del Estado a adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 2023.

Importante es analizar ambos documentos de forma diferenciada para cualquier solución dialogada.

En el caso del tema minero, tanto la ley que decretó una moratoria y luego el ministerio de Comercio canceló los permisos existentes, así como la terminación abrupta de la concesión del contrato con Minera Panamá sin una hoja de ruta clara, son temas de especial relevancia que deben ser atendidos para lograr esa atracción de inversiones.

Mientras tanto, a mi parecer, un tema prioritario que debería concluir el presidente Cortizo es lo relacionado con las autorizaciones para la comercialización del concentrado de cobre almacenado en la mina de Donoso que, como ya han dicho los expertos, tiene riesgos relevantes para que las autoridades se movilicen prontamente.

Tengamos presente que la denuncia que recientemente ha sido interpuesta en contra del ministro de Comercio e Industrias sobre el retraso en la toma de decisiones sobre el concentrado de cobre, en el mundo de los litigios, esto puede ser una conducta concluyente respecto al manejo arbitrario que el Estado panameño le habría dado a todo lo relacionado con esta terminación abrupta.

Salir del estancamiento y abordar con responsabilidad el tema minero debe ser una prioridad de Estado.