Qué busca el esquema de la mesa de conversación

La seguridad social en toda su extensión es una preocupación histórica de la clase obrera. Se trata de mirar nuestras condiciones de vida durante nuestra vida económicamente activa y nuestra vida una vez salimos de la vida laboral. En este sentido la visión que expresamos ha sido integral: salud, riesgos profesionales y pensión. Considerando que la CSS constituye una institución de seguridad social y no empresa privada.

La seguridad social ha sido definida por la OIT (2017) como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y sus hogares, asegurando un acceso a asistencia médica y garantizar la seguridad de un ingreso, con especial enfoque en el caso de la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes laborales, maternidad o pérdida de sostén familiar. Actualmente se aspira a un concepto de seguridad social más incluyente, no debe ser privativo de quienes están en un mercado laboral formal. Además, que es una herramienta para reducir desigualdad, pobreza, y que debe ser vista como una inversión en el bienestar, en donde la universalización es uno de los principios clave. Se trata de dignificar la vida de las personas, distribuyendo o redistribuyendo recursos para que las personas puedan vivir con dignidad.

La filosofía neoliberal, por el contrario, trata de eliminar este derecho y valorar salud y pensiones como mercancías para ganancia, de allí su afán de privatizar.

Así lo demuestran los resultados en América Latina. En calidad de terceros agentes, se magnifican las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el área de las pensiones y, las Instituciones de Salud Previsional (ISP) en el tema de la salud. Bajo la racionalidad económica del modelo neoliberal en el cumplimiento de sus funciones de protección, de agente y de acceso, las AFP terminaron segmentando a los pensionados según su capacidad individual de “ahorro” dando como resultado pensiones de hambre, y las ISAPRES descremando a los afiliados según riesgos, ingreso, edad y género, que disminuyeron la cobertura y precarizaron la salud. A la postre se generaron dos industrias altamente lucrativas que reponen su capital en breve tiempo, pero a la vez excluyen de protección en salud y pensiones a la mayoría de la población. Lejos del logro del acceso universal asequible a beneficios dignos, como lo sugiere la función de la Seguridad Social.

Lo arriba planteado explica la lógica de la “mesa de conversación” impuesta por Mulino, donde establecen dos “mesas de trabajo”, la de salud (Enfermedad y Maternidad) y la de jubilación-pensiones (IVM).

El Banco Mundial convocó a la fusión de MINSA-Caja en las prestaciones de salud y maternidad a fin de hacer más factible la privatización de la prestación de los servicios de la Caja. El entrante director de la Caja, Dino Mon, ya ha hablado de integrar presupuestos, tercerizar el servicio de control de inventarios, es decir la puerta a la privatización. Quienes representan a Gobierno y empresarios en esta mesa, son los mismos que alzan su voz para que se quiten derechos a los asegurados y se privatice. El gobierno da pasos firmes para eludir su compromiso constitucional de garantizar el derecho a la salud del pueblo panameño.

En la mesa de IVM, tal como mandata el FMI, se camina a la privatización de los fondos de IVM a través de las cuentas individuales. El resultado de estas en América Latina ha sido la disminución de la tasa de cobertura (proporción de contribuyentes/PEA) y las tasas de cumplimiento. Es más, a medida que la cobertura basada en cotizaciones disminuyó o se estancó, el Estado ha tenido que intervenir a través de los programas no contributivos (Ver 120 a los 65). Esto es reconocido por sus proponentes (empresarios panameños), “Quienes obtengan del segundo pilar (contributivo obligatorio) una pensión inferior a B/.255.00, mejorarla a través de un beneficio solidario de hasta B/.120.00”. Es decir, prevén que la mayoría (dada la informalidad y bajos salarios) estará recibiendo pensiones de hambre.

Esta es la base de la imposición de la metodología de la llamada mesa de conversación. Un proceso de espaldas al pueblo, donde empresarios y gobierno ya se pusieron de acuerdo para que sea el pueblo humilde y trabajador el que cargue con la crisis provocada por ellos en la CSS.