Principal preocupación ciudadana: la inseguridad

Las nuevas preocupaciones de la sociedad de nuestro país, lo que ha dejado la COVID-19, como: la falta de empleo, crisis económica y carencia de servicios básicos, entre otros, es la inseguridad que priva en todo el territorio nacional, derivada del crecimiento del crimen organizado, a pesar de que los gobernantes piensan otra cosa, vemos que cada día se manifiesta agresivamente el aumento de los asesinatos y la violencia.

La delincuencia organizada está presente en nuestros días, cuya conducta criminal y desviada de la norma social, actúa como perturbadores de la paz pública, alterando el orden social mediante la violencia, con la finalidad de eliminar a su contrincante, sin importar con la dignidad de la sociedad y del Estado, afectando a terceros que no son parte de esa conflictividad.

Nuestro país, cuenta con un puntaje de 6.68, se ubica en la posición número 17 de entre 193 países, como uno de los más afectados por la criminalidad, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021.

Es importante destacar y conocer la desviación primaria y secundaria, la cual nos indica: la primera acción delictiva de un sujeto, cuya finalidad es resolver alguna necesidad, por ejemplo, económica, y la otra es la repetición de los actos delictivos, a partir de la asociación del individuo con otros sujetos delincuentes como resultado de su detención, de su procesamiento y de su encarcelamiento.

El crimen limita el crecimiento económico, porque la violencia implica costos directos, que tienen que ver con la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las víctimas, pero también con los gastos para prevenir la violencia, los gastos en seguridad pública, el procesamiento de delincuentes, y los gastos de atención a las víctimas, entre otros.

Sin embargo, el delito es uno de los principales problemas que atemorizan a la sociedad actual, por lo cual, el Estado crea distintas estrategias para su combate, pretendiendo neutralizar el índice delictivo, o, si no, aspirar a una disminución y control de esa violencia y criminalidad que se viven en nuestros días, lo cual es oportuno señalar.

Por lo tanto, se debe planificar en nuestro país, mediante el diálogo, con participación de personal conocedor de la materia de seguridad y otros actores sociales involucrados -partidos políticos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, gremios, empresarios, las comunidades ecuménicas, no importa qué religión profesen-, con el fin de establecer y ampliar el radio de acción en conjunto sobre una política de Estado integral de seguridad.

“Es hora de abrir los ojos a la desigualdad en la que viven tantas familias; es hora de arremangarse para restablecer la dignidad mediante la creación de puestos de trabajo", instó el papa Francisco.

Los panameños exigen una solución eficaz a tanta criminalidad, una comunidad preocupada, inquieta, insegura, con ganas de trabajar para construir una sociedad más solidaria que conserve los valores, más responsable y comprometida, a encontrar caminos para la resolución de conflictos, generando los espacios de reflexión de acuerdo con la realidad nacional sobre los hechos criminales reciente en el país que enfrentamos y afecta la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

En este sentido, el Gobierno debe fortalecer la atención sobre los grupos de alto riesgo, juventud, desempleados, ciudadanos marginales, a través de capacitaciones prácticas que puedan emprender por ellos mismos un negocio, y así alejarlos de las malas compañías o de algunas personas que quieran utilizarlos para actividades delictivas, toda vez que podemos construir una cultura de paz, desarrollo humano y comunitario en todos los barrios populares, incentivándolos para que sean hombres y mujeres de buenos valores y principios, para que no caigan en las garras delincuenciales.

Junto trabajemos a favor de la paz y de la convivencia pacífica.