Por una campaña electoral de altura

A pocos meses de acabar este gobierno, ha comenzado oficialmente la carrera para alcanzar un cargo de elección popular. En esta ocasión, con unas circunstancias muy particulares que seguro, nos obligarán a reflexionar sobre nuestro papel en el fortalecimiento de la democracia.

El pasado sábado 3 de febrero de 2024 comenzó oficialmente el periodo de campaña electoral donde, por 90 días, los candidatos a los diferentes cargos de elección popular recorrerán los diferentes puntos del país para tratar de convencer a los electores de darle la confianza mediante su voto a su plan de gobierno.

El torneo electoral que se celebra este 2024 será crucial para poder, al menos, construir los primeros pininos para dar un golpe de timón a la forma de administrar la cosa pública, pues los últimos gobiernos, con su desidia, se han encargado de llevar este país a un punto muy bajo.

En ese sentido, creo conveniente que apostemos por una campaña electoral de altura, donde el debate y el cruce de ideas sea la mejor forma de promocionar las candidaturas. Ya va siendo hora de que nuestros futuros gobernantes se pongan las pilas y basen sus campañas en presentación de ideas y proyectos y no en campañas sucias, que producen una contaminación excesiva al torneo electoral. Para lograr eso, los candidatos deberán contratar asesores de muy alto nivel que los ayuden a manejar sus campañas electorales y elaborar sus planes de gobierno.

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy efectivo para que los candidatos puedan dar a conocer sus propuestas, pero también se convirtieron en un caldo de cultivo para la desinformación, las noticias falsas y las campañas sucias. Se ha firmado un “pacto ético electoral”, pero hasta ahora no se ha respetado, pues no conlleva sanciones por violarlo.

La Fiscalía Electoral ha estado dormida todos estos años. Hemos visto desde ofrecimientos de puestos de trabajo y amenazas de sanciones laborales a cambio de votos o apoyos a las actividades políticas del partido de gobierno hasta violaciones de la veda electoral y la Fiscalía Electoral, pudiendo actuar de oficio, no inicia las investigaciones para llevar estos casos ante el Tribunal Electoral y judicializar estos actos.

Otro aspecto que me preocupa es la falta de fiscalización de los fondos del Estado por parte de la Contraloría General de la República. Desde que se escogió al actual contralor, Gerardo Solís, la Contraloría no ha ejercido su rol fiscalizador como manda la Constitución. Hemos visto estos últimos meses cómo se han utilizado fondos millonarios de la descentralización paralela para fomentar el clientelismo político y así comprar conciencias y votos sin ver a los responsables procesados judicialmente y sancionados. Espero que, en esta campaña electoral, la Contraloría actúe fiscalizando el buen uso de los fondos estatales.

Por último, exhorto al Tribunal Electoral y a la Fiscalía Electoral a que cumplan su papel de garante del buen funcionamiento del proceso electoral y no permitir que se cometan actos fuera de la ley y de la ética electoral.