• 20/11/2024 02:56

Para salvar la CSS necesitamos más cotizantes

El problema del programa de IVM no es ideológico ni político, es matemático. El documento de 95 páginas elaborado por el Gobierno detalla criterios para la gestión transparente de los recursos. Pero ¿qué vamos a hacer para que ingresen más recursos?

En un entorno de polarización, desconfianza, rumores, consignas, descalificaciones y una deteriorada gobernabilidad, comenzó la discusión del nuevo proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para reformar la Ley N° 51, que crea un único sistema de pensiones y propone mecanismos para el manejo y rentabilización de los ingresos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

El problema del programa de IVM no es ideológico ni político, es matemático. El documento de 95 páginas elaborado por el Gobierno detalla criterios para la gestión transparente de los recursos. Pero ¿qué vamos a hacer para que ingresen más recursos? Lograr esto será complicado si no aumenta la cantidad de cotizantes.

La informalidad laboral es el principal ‘enemigo’ del programa de IVM

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre agosto 2013 y agosto 2023 se perdieron 25.705 asalariados privados, pero se agregaron 77.234 funcionarios y 235.480 nuevos informales a la economía.

Es decir que cada trabajador formal privado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, síntoma del proceso de precarización y estatización laboral más severo de la historia, producto de la pérdida de la confianza en el clima para la inversión privada.

De cada 4 empleos creados entre 2013 y 2023, 3 fueron informales y el otro fue un funcionario. De hecho, en agosto de 2023 había casi la misma cantidad de asalariados privados (853.938) que en agosto de 2012 (853.663). Sin embargo, sólo el 18 % de los informales cotiza a la CSS.

¿Quiénes son los informales?

A pesar de que la informalidad a menudo se asocia con buhonería y actividades de subsistencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define empleo informal como “empleo no protegido”.

Un Informe de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en septiembre 2015 con el título “El Trabajo Informal en Panamá” (página 10), especifica cinco colectivos:

1. Empleados de empresa privada sin contrato de trabajo.

2. Trabajadores por cuenta propia.

3. Patronos cuyas empresas cuenten con menos de cinco empleados.

4. Personas que prestan servicio doméstico

5. Trabajadores familiares.

En otras palabras, todo aquel que no está “emplanillado(a)” en el Gobierno o la empresa privada es, por definición, informal.

Alta precariedad en los sectores que generan la mayoría de los empleos

Según cifras del INEC, a agosto de 2023 había 8 sectores que representaron 68 % de los empleos en la economía (y 70 % de los empleos de jóvenes entre 15 y 29 años). En el período 2013-2023 estas actividades, como bloque, aportaron 100 % empleo informal y hoy muestran niveles de informalidad superiores a la media nacional (47,4 %).

Estos sectores son: agricultura (74 % informalidad), comercio (54 %), construcción (73 %), industria (64 %), logística (61 %), hoteles & restaurantes (62 %), actividades de apoyo administrativo (51 %) y otras actividades de servicio (87 %).

Grado de inversión, gobernabilidad y consensos

El 28 de marzo de 2024, Fitch Ratings le quitó el Grado de Inversión a la deuda soberana panameña. Su informe comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país...”. Finaliza el primer párrafo indicando: “El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza que enfrenta el país...”.

El 12 de septiembre, Renzo Merino, vicepresidente y analista sénior de Moody’s, señaló que las reformas fiscales, el manejo de la deuda y otras reformas, requieren que se logre un consenso tanto con la Asamblea Nacional y todos los partidos involucrados como con la población.

Agregando a este complejo panorama fiscal los ingresos corrientes acumulados a septiembre de 2024 marchan $1.148,2 millones (18,9 %) por debajo de lo presupuestado y 4,4 % menos de lo recaudado al mismo período del 2023.

Preguntas clave

Caben entonces dos preguntas: ¿cómo el Gobierno propone aportar $966 millones a la CSS cuando la recaudación hoy está por debajo de lo presupuestado y lo recaudado el año pasado? ¿Cómo vamos a lograr más cotizantes si no mejoramos el clima para la inversión privada?

Necesitamos transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, o seguiremos generando informales y condenando a la CSS a la muerte. Para ello necesitamos un país en paz.

*El autor es asesor empresarial

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