Panamá: combate a la delincuencia

Es notorio el incremento de la delincuencia en nuestro país, y más preocupante con el nivel que alcanzan los homicidios.

Existen gran cantidad de profesionales en muchas disciplinas que dominan este tema, y plantean hipótesis, como los psicólogos, sociólogos, criminalistas, psiquiatras, abogados, religiosos y otros. También opinamos los que no somos expertos en ese tema, pero que nuestra experiencia profesional y ejecutorias nos permiten hacer alguna reflexión.

En nuestro caso, si aplicamos un enfoque de sistema simple —insumo, proceso y producto—, podemos tener una radiografía de la situación, para sugerir propuestas.

Si el producto que tenemos es la “delincuencia” en todas sus formas, y la consideramos una variable dependiente. Existen una inmensa cantidad de variables independientes que inciden en que en nuestro país nos enfrentemos a esta caótica situación.

Algunos insumos negativos que alimentan el sistema son las condiciones de la educación, orientación familiar, hogares disfuncionales, la situación de pobreza de una extensa franja de la sociedad, los valores que poseemos, y yo agregaría, la situación de perversidad de muchos seres humanos.

Los insumos positivos son la existencia de un sistema educativo, que, aunque endeble, hace los esfuerzos que le son posible. Las asociaciones no gubernamentales que trabajan contra la delincuencia. Y el sistema represivo, compuesto por los estamentos de seguridad y las de justicia.

Todos estos insumos deben ser procesados por la estructura administrativa del Estado. Los estamentos de seguridad, investigativos, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deben hacer su trabajo. Al final deberíamos tener como producto dos resultados: absueltos o culpables.

Hasta aquí mi enfoque teórico. A mis casi 70 años he visto cómo en el pasado algunas instituciones, aunque con mucha imperfección, por razón de poder desviarse hacia persecución política, imponían orden.

A nivel presidencial, Marco Robles mandó a los carabineros a la calle del Marañón y otros sitios entonces peligrosos. Y hubo resultados. Corregidores, como el Ñato González, enviaban en audiencias radiadas a delincuentes a la isla de Coiba. Algunos jueces nocturnos imponían rápidamente penas a delincuentes agarrados in fraganti. Y aclaro, algunos familiares míos sufrieron alguna injusticia por la parcialidad de algún funcionario de mando y jurisdicción por razones políticas.

Hoy en día la excusa para una actuación en firme son los derechos humanos. Pero de los delincuentes, no de las víctimas.

El destino de los delincuentes no puede ser otro que la cárcel. No debería existir ningún homicida de más de una persona, si este estuviese encerrado. ¿Me podría decir algún experto cuántos homicidas condenados se “reinsertan” a la sociedad resocializados?, esto es sin volver a delinquir.

Lo ocurrido en la Joya es un ejemplo de una política carcelaria fallida. Y contabilizamos que en enero hay más homicidios que en otros meses. El presidente Endara creó la Joya pensando que por contar con gran extensión de tierra, los internos podrían dedicarse a actividades productivas. Pero en dicho penal no sucede nada parecido. Mejor resultado tuvo durante años la isla de Coiba, donde los condenados tenían que producir sus alimentos. Un exsargento y pariente mío me contaba que cuando laboró allí los presos le ofrecían carne de venado, muleto y pescado.

Yo propongo al presidente, compañero javeriano, que se imponga mano dura. Que a los delincuentes de graves delitos, como el homicidios, se les dé cárcel de máxima seguridad. Y aplaudo la medida de la veda de importación de armas, para que los ciudadanos puedan defenderse.

Y que, bajo un enfoque pragmático, como la Investigación-Acción, los expertos busquen solución rápida y sin tanta dilación. Sino, que Dios nos agarre confesados.