Migración: un reto de política internacional

El flujo migratorio permanente hacia los países desarrollados y la afectación causada a los países de tránsito se produce por ingredientes internos comunes, como lo son las crisis políticas y de seguridad, las económicas con sus consecuencias laborales y socioeconómicas en las naciones de origen.

El análisis de esta realidad requiere de una proyección conjunta en materia de cooperación internacional, mediante la adopción de normas internacionales de carácter imperativo, que deben regular el problema, ya que está implícito el factor de protección del derecho humano del migrante que generalmente busca mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Tratados, declaraciones y convenciones como instrumentos reguladores que establecen normas sobre la migración, como el Pacto de Marrakech del 10 de diciembre de 2018, recomendación “Erga omnes” para todos los países firmantes, la Declaración de los Ángeles de junio de 2022, que invocan una migración segura, ordenada y regular, son pactos inspirados en principios que establece la Organización Internacional sobre las Migraciones (OIM), que, en el preámbulo, reconoce la migración internacional de personas refugiadas y desplazadas que han sido obligadas a abandonar su país de origen y hace un llamado a los Estados a promover la cooperación para facilitar una emigración digna de las personas.

Antecedentes migratorios de África y del Medio Oriente, de América Latina y de otras nacionalidades hacia la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, como regiones de destino, es un llamado a la acción para regular el éxodo de miles de personas en el que muchas mueren, otras son víctimas de atrocidades y violación de sus derechos en un trayecto hacia dichos destinos.

Mi enfoque apunta particularmente a la migración a través de la República de Panamá como país receptor y de trasbordo hacia el destino, afectando nuestra economía, la paz y la seguridad de los residentes panameños, según información oficial.

Las estadísticas “In sito” de la (Región del Tapón del Darién), según la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de autoridades del Servicio Nacional de Migración, el flujo de personas, en lo que va del año 2023, supera la cifra de trescientos mil. Dicha travesía, aunque peligrosa, ha sido escogida por los migrantes azuzados por personas que se dedican al negocio ilícito de trasiego de seres humanos. Este flujo migratorio procedente de América del Sur el Caribe y de otras regiones caminan adultos mayores, menores de edad, niños de meses e incluso mujeres embarazadas que dan a luz en la selva.

El análisis se formula desde la óptica de las Relaciones Internacionales y del Derecho Internacional Público, por ser nuestro campo de estudio, por lo que se proyecta desde la responsabilidad internacional de cada Estado. Es cierto que el derecho de emigrar es una elección personal, tampoco es una obligación de los Estados admitir la misma. Sin embargo, el Derecho Internacional Humanitario, a través de tratados y la Carta de Naciones Unidas, hace énfasis en el respeto universal de los derechos humanos.

Como mecanismo regional para tratar la situación actual que trasciende fronteras y que compromete la seguridad nacional de los países receptores y de los escasos recursos económicos para enfrentar la situación y de la falta de un instrumento jurídico internacional que regule la materia, sugerimos la suscripción de un Acuerdo Regional de Cooperación, entre los países receptores, en tránsito y países de destino de migrantes. Colombia, Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos de América, incluso Canadá serían los países suscriptores.

Un pacto regional de esta naturaleza requerirá y demandará recursos financieros para la ejecución del mismo. Observamos que los países afectados difieren unos de otros en cuanto a su capacidad de recursos. Por lo que se requerirá en principio de fondos extraordinarios de cada Estado, ONG y sector privado. Recurrir asimismo a fondos de la ONU para los refugiados, como Acnur y la OIM como organismos especializados en migración y refugiados. Activar en principio un mecanismo de consulta para tratar el problema y recomendación planteada es una prioridad de carácter conjunta.