Meternos un tiro en el pie

Es precisamente lo que ocurriría si el país se deja someter a ese grito populista de “no a la minería”.

Comencemos por reconocer que Panamá es un país en vías de desarrollo, con graves problemas de pobreza y pobreza extrema, con un alto porcentaje de su juventud desempleada, con un sistema de salud pública siempre en crisis, como lo demuestra la falta de medicamentos e insumos en el hospital oncológico y los otros centros de salud, con una pésima educación pública, con un sistema de pensiones y jubilaciones al borde de su colapso total, ante una población que envejece, y con un ejercicio del poder público inundado de corrupción.

Es por ello que el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, incluyendo los del suelo y subsuelo, deben ser gestionados, entre otras cosas, con inteligencia, responsabilidad y una perspicacia constructiva, y no el camino fácil de las posturas populistas y extremas. En ese orden de ideas he hecho un ejercicio basado en tres premisas básicas, a saber:

Primera regla: Los panameños tenemos derecho a beneficiarnos de todos nuestros recursos naturales, incluyendo los minerales, metálicos o no, para contribuir a acometer los problemas fundamentales del país. Tengamos claro, el fallo de la Corte declaró inconstitucional la ley que contiene el contrato celebrado entre el Estado con Minera Panamá, no la minería metálica, en general. Son cosas diferentes. Por otro lado, la Constitución establece, de manera enfática, el derecho de explotar los productos del suelo y del subsuelo. En efecto, el artículo 257 señala “... los yacimientos de toda clase... podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas privadas”. Y el artículo 259 establece “... las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicios públicos, se inspirarán en el bienestar social y en el interés público”. Evidentemente, (y ya que está de moda) esas leyes de moratorias indefinidas son inconstitucionales.

El país cuenta con una riqueza extraordinaria de cobre. Entre Cerro Colorado y Donoso, tenemos la capacidad de explotar cobre, de muy buena calidad, por más de 100 años, sin perjuicio de otros yacimientos. Ya la ciencia tiene claro que el cobre, por sus singulares propiedades, se ha convertido en un mineral esencial en la transición hacia las energías renovables. Qué irónico, los que con indolencia gritan “no a la minería”, están precisamente contrariando la tendencia hacia un mundo más limpio, donde vayan desapareciendo, como fuente energética, los hidrocarburos. Las plantas solares, nuestros celulares y computadoras, los autos eléctricos, y casi cada innovación tecnológica necesitan de cobre. Como me decía un amigo, no solo le produciría al Estado capital para la ingente tarea de mejorar el desarrollo humano, sino, además, es una extracción con un fin noble.

Segunda regla: La minería, cualquiera que sea, no es excluyente con la explotación de otras actividades económicas como, por ejemplo, el turismo. Escucho constantemente de los que gritan “no a la minería”, los verbos “reemplazar” o “sustituir”, como si fuera el uno o el otro, como si fueran excluyentes. No es así. Les doy un buen ejemplo: En República Dominicana, un país que es 20,000 kms más pequeño que Panamá, existe la mina de oro de Pueblo Viejo. Esta es la mina de oro más grande de toda América Latina; y, sin embargo, y de manera simultánea, el país tiene la mayor y más floreciente industria turística de todo el Caribe y Centroamérica. Otro ejemplo, pero desde el ángulo contrario: han pasado diez años desde que Costa Rica decretó la moratoria indefinida sobre la minería de oro, a cielo abierto. El área donde se encontraba la mina de oro de Crucitas, se encuentra totalmente empobrecida y abandonada (no todas las áreas pueden ser turísticas), expuesta a la minería ilegal que, como no tiene control, se presta a la contaminación de los ríos por los mineros artesanales. Por cierto, tomen en cuenta que cuando Costa Rica decretó esta moratoria ya era un país con una marca país turística consolidada, no ambivalente como ha ocurrido en Panamá, con los cambios de gobierno.

La mina de Donoso, aquí en Panamá, por cierto, queda a cientos de kilómetros en carretera de cualquier punto turístico importante del país.

Voy más allá, son hasta complementarias. Nada quita que parte de las rentas que produzca la producción minera al Estado, bien pudiera dedicarse, entre otras cosas, a fortalecer áreas como el turismo. Tengo otro amigo empresario que piensa que parte de los aportes de la minería se podrían colocar en un fideicomiso internacional, el cual tendría por objetivo invertir en turismo en cinco puntos geográficos en Panamá. Es más, las áreas cercanas de las minas, fuera de las reservas naturales, pudieran recibir el beneficio de escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras. Todo depende cómo lo negocie el Estado.

Tercera regla: La minería, cualquiera que sea, incluyendo la de cielo abierto, puede llevarse a cabo y contribuir al desarrollo humano, alterando, mínimamente, los procesos naturales o ambientales que la rodean. Es algo que se llama desarrollo sostenible, y existe desde los años 80, y ha venido evolucionando de manera sorprendente. A todos nos gusta lo maravillosamente verde que es nuestro país, y no vamos a permitir perderlo. Es por ello que en cada incursión minera el país debe exigir a los concesionarios, entre otros, la gestión eficiente del agua (reciclaje), controles de administración inteligentes, integración de energías renovables al propio proceso productivo, equipos de minería híbridos, en fin, tecnología de punta (‘state of the arts’) que permitan minimizar el impacto ambiental, y si algún daño se produce garantizar, a corto plazo, la restauración efectiva de los ecosistemas. Esto es minería responsable, y si es posible.

Escuchar a los intransigentes solo nos llevará - cándidos – a metermos un tiro en el pie, mientras que, en Chile, Perú y Colombia, países productores de cobre, estarían festejando el aumento del precio internacional del cobre y, sobre todo, deleitándose al ver a Panamá fuera de la competencia mundial de producción de cobre.

El autor es abogado. Perito en arbitraje internacional.