Compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la migración irregular

Quiero iniciar con el lamentable hecho, registrado recientemente, en el que diez migrantes pierden la vida, en las cercanías de la comunidad de Carreto, Comarca Guna Yala; las cuales se suman a las fatídicas estadísticas de quienes atraviesan la enigmática selva del Darién.

Con esta trágica noticia, que debe consternar a la comunidad internacional, se reitera la imperante necesidad de tomar acciones concretas por parte de las naciones involucradas en este flujo migratorio irregular.

En el año 2018, Panamá y más de 150 países adoptaron el Pacto Mundial para la Migración, instrumento jurídico internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas que brinda cobertura a todas las dimensiones de la migración internacional de modo global, reconociendo la necesidad de aplicar un enfoque integral de la movilidad humana, pero, abordando al mismo tiempo los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino.

Dicho marco legal internacional de carácter no vinculante, respeta el derecho soberano de los Estados a determinar quiénes pueden ingresar y permanecer en su territorio y señala que ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario.

Este pacto se fundamenta en veintitrés objetivos, sin embargo, en la práctica no han sido alcanzables por los países firmantes, entre algunos de ellos: Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, velar que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada, abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración, salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos, reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes, prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible, fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular, estado situacional pactado que no logran garantizar en la actualidad.

Los Estados involucrados deben asumir roles específicos ante esta difícil tarea de poner en orden las fronteras, a saber, hacer frente a la implementación de mecanismos que mitiguen el impacto de la migración irregular. La colaboración y cooperación internacional, sobre todo, en la articulación permanente de la información integral, debe ser la estrategia a seguir para preservar la identidad de nuestras comunidades indígenas que se encuentran en riesgo.

Bajo este contexto, el presidente de la República José Raúl Mulino, hizo un llamado a la comunidad internacional para atender el fenómeno de la migración irregular en la selva de Darién que, en los últimos años ha tenido un impacto sin precedentes en las comunidades locales, especialmente, en nuestros pueblos indígenas, desde el punto de vista cultural, ambiental, económico, social y psicológico.

Cabe añadir que, los migrantes irregulares en su periplo por el suelo istmeño, han dejado alrededor de sesenta toneladas de basura, llegando a contaminar ríos vitales para la subsistencia de nuestras comunidades indígenas; lo que indudablemente afecta la forma de vida de nuestros pueblos fronterizos en comparación a los últimos diez años.

La actual administración se encuentra comprometida con la protección de las fronteras, por lo cual desde el primer día de gestión se combate firmemente el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, reforzándose la seguridad pública en el sector fronterizo.

Estas acciones llevadas a cabo de manera integral por el gobierno nacional desde el 1 de julio de 2024, han garantizado que cientos de migrantes irregulares no sean víctima de robos, violaciones y hurtos en el territorio nacional.

No podemos permitir bajo ningún concepto que el crimen organizado transnacional, la narcomafia y los traficantes internacionales de migrantes, promuevan este peregrinaje, lucrando con la tragedia humana, sin importar los miles de muertos que esto pueda ocasionar a su paso.

La República de Panamá se mantendrá firme en su compromiso con dicho pacto, a fin de cumplir con las normativas dadas en el marco de la protección de los derechos humanos de los migrantes, no obstante, reiteramos el llamado a todos los actores principales para que se involucren en los cursos de acción a seguir en favor de respuestas efectivas y eficaces a esta problemática regional y multidimensional que, en caso contrario, seguirán generando repercusiones negativas para el desarrollo de nuestras naciones.