Más no es mejor

Existe la falsa creencia de que la función del Órgano Legislativo consiste, de manera exclusiva, en aprobar leyes ignorando otras facultades como la de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, supervisar la actuación de los ministros, el cumplimiento del Presupuesto General de Estado y fiscalizar el funcionamiento de los otros Órganos.

Es tarea de la Asamblea Nacional estar atenta a la pertinencia de las leyes existentes y si las mismas guardan conexión con la evolución y necesidades de la sociedad, en este complejo mundo en que la tecnología y la ciencia parecieran ir a una velocidad, que nos obliga a plantearnos regulaciones y normas para garantizar la libertad, el respeto de los derechos humanos y la vigencia de la ética.

La revisión continua de las leyes vigentes presentará retos para eliminar la abrumadora cantidad de disposiciones obsoletas que, de alguna manera, impiden a determinados grupos humanos su pleno desarrollo. Esta tarea de expurgar nuestros Códigos y cubrir temas tan importantes, como la legalidad de nuevos procedimientos médicos, muchas veces en etapa experimental y que carecen de aprobación de organismos reguladores internacionales, como es el uso de células madre que en estos momentos se aplican sin ninguna regulación en Panamá; la falta de controles de los tratamientos de fertilización in vitro; la venta de óvulos y los bancos de semen; la existencia de los vientres de alquiler; las sanciones al abuso sexual de niños y niñas, la venta de órganos y otras prácticas que hace apenas una década desconocíamos.

En el orden económico la actualización de las leyes para combatir los monopolios y los oligopolios, que distorsionan nuestra economía, así como las practicas encubiertas de patronos buscando escapar del pago de la cuota de la seguridad social en numerosos comercios y a las empleadas domésticas, situaciones que deben tener prioridad en las agendas de los nuevos diputados.

No olvidemos el reparar las rendijas legales por las que se escabullen los seguros médicos, las malas prácticas médicas y las negligencias graves en el trato a los pacientes que acuden a recibir asistencia, el maltrato obstétrico y la falta de cumplimiento de la Ley 68 referente a los derechos de los pacientes, donde se establece el derecho a la información, a la toma de decisiones responsables y humanitarias en el cuidado de los enfermos terminales. Hay que exigir cumplir integralmente con la Ley de Femicidio y con la ley aprobada desde el 30 de junio de 1999 que dispone la fortificación del arroz con micronutrientes deficitarios en la dieta de los panameños.

La sociedad espera la atención de la Asamblea Nacional, que sea responsable por legislar y también por vigilar el cumplimiento de las leyes vigentes.

Los problemas antes enumerados, además de muchos otros que harían una lista interminable, exige que los diputados actualicen sus conocimientos para comprender estas nuevas realidades, que los llevaría a apartarse de la ridícula inflación legislativa de presentar proyectos que solo necesitarían de un decreto para la celebración de actividades comunitarias y fiestas, que no voy a enumerar, pero todos conocen y son motivos de burla y bromas.

Entre los recuerdos indelebles que tengo en el tema de la revisión de leyes obsoletas puedo mencionar la ley de divorcio que establecía como primera causal el adulterio del hombre, que para más ofensa debía ser escandaloso y público o las encontradas en el Código Civil por Mery Alfaro que obligaba a las viudas o divorciadas a esperar 11 meses para contraer nuevas nupcias, con la idea de garantizar que no estuvieran embarazadas o una más absurda que establecía que al momento de separación de hecho o de derecho, el marido tenía la potestad de ponerla al cuidado de una matrona o en casa de una familia honrada por si ella alegara estar embarazada y así garantizar la paternidad de la criatura.

En la actualidad, con algo más de 100 días de instaladas las nuevas autoridades ya se han presentado 232 proyectos de ley –tanto por iniciativa de los diputados como del Ejecutivo– y solo 15 han sido aprobadas. La rápida presentación de las propuestas legislativas pareciera estar dirigidas a solo ganar un “punto”, cuando más de un centenar de estos proyectos de ley exigen una cuidadosa revisión antes de continuar con los debates necesarios para ser aprobados en el Pleno y enviados para ser sancionados por el Presidente de la República.

Es bueno darse un plazo para que el paso de cada uno, por la Asamblea Nacional, sirva para dejar plasmada una valiosa contribución al país, pues vale la pena recordar que no siempre más es mejor.