Los enemigos de la constituyente

En el mar de intereses creados que se vive en la sociedad panameña, así como no es raro ver juntos a sectores que son como el agua y el aceite, pero que coinciden en su afán de no permitir que el pueblo panameño, a través de una vía democrática y pacífica, se dote de una nueva Constitución por medio de una asamblea constituyente. Ya a finales del siglo pasado, en la década de los 90, fracasaron quienes buscaron por medio de procedimientos inconsultos y de espaldas al pueblo, a su capricho, cambiar la actual Constitución, para que al final nada sustancialmente cambiara. En este siglo XXI se ha buscado darle la vuelta, para solo reformar mediante cambios cosméticos y barnizar una estructura autoritaria y anquilosada en la que sigue montado el Estado panameño.

Nadie ha dicho que el proceso constituyente sea una panacea ni tampoco una “varita mágica”, pero es, sin lugar a dudas, la vía democrática y pacífica que permite consultar al poder constituyente originario, para que el mismo participe y se dote de una Constitución que sea, eso sí, el producto del más amplio concurso y participación de los distintos sectores, grupos, partidos, etnias, sindicatos y gremios que hoy son parte de la sociedad panameña.

Los que se oponen a la constituyente y su proceso democrático de consulta y participación, son los mismos que solo piensan en la “seguridad jurídica” para los poderosos, sin importarles en lo más mínimo la seguridad de quienes viven en barriadas humildes o sectores populares y que se enfrentan a un clima de violencia, que está generada, precisamente en las mismas estructuras del actual sistema. A fin de cuentas, estos sectores que odian y detestan la participación ciudadana son los que temen al pueblo para que sea el propio arquitecto de su destino.

Eso es lo que es un proceso constituyente, la oportunidad para que el propio pueblo panameño, en ejercicio de la soberanía popular, elabore su proyecto de nación y lo plasme en una Constitución que sea el fruto del consenso y la concertación, y no de un grupito de autócratas. Obvio, hay quienes desean, aunque no lo dicen, que se mantenga tal cual como está el actual sistema, que promueve la injusticia y la mala distribución de la riqueza en manos de pocos.

Al respecto, nos decía en enero de 1994 el doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia, como rector de la Universidad Nacional “...será necesario reestructurar el fundamento jurídico de la nación, con el fin de garantizar, en un verdadero afán de permanencia, la libertad individual y resguardarla de todo atisbo militarista, dictatorial y autoritario. Una nueva Carta Magna proporcionará la legitimidad necesaria a la refundación del Estado, luego del régimen militar”.