Los 'leaks' panameños

En agosto de 2007, el periódico el Guardian del Reino Unido publicó un informe secreto de la Agencia Kroll que decía demostrar que el antiguo presidente de Kenia, Daniel Arap Moi, había saqueado cientos de millones de libras y los había ocultado en cuentas de bancos extranjeros de más de treinta países.

Ya para el año 2010, Julian Assange se había vuelto viral y acababa de ayudar a orquestar la mayor filtración de la historia mundial: la única diferencia era que, esta vez, la vergüenza no iba para una pobre nación de África Oriental, sino para el país más poderoso del mundo. En ese instante, noviembre de 2010, Hillary Clinton, en una rueda de prensa, señalaba que “esto no solamente representaba una agresión contra los intereses políticos extranjeros de EUA, sino una agresión contra toda la comunidad internacional”.

Recordemos que las filtraciones consistían en la publicación de una cascada de documentos confidenciales que apuntaban al corazón de las operaciones militares y de política exterior de EUA. En ese contexto, Assange se transformó -de un “hacker” anónimo- en una de las personas de las que más se hablaba en el mundo, fue vilipendiado, celebrado, puesto en un pedestal, perseguido, encarcelado, rechazado, hasta convertirse en el enemigo número uno de EUA, de tal suerte que para un extremo de la conversación es considerado una especie de Mesías de la información, luchador por la libertad de expresión o cruzado de la moral y del otro lado, un ciberterrorista, un sociópata o simplemente era un ingenuo narcisista.

Así, surge “WikiLeaks”, una especie de superestructura que consistía en una base de datos de más o menos 300 millones de palabras relacionadas con Estados, empresas y corporaciones globales, las cuales eran filtradas y publicadas en los principales periódicos del mundo.

Los antecedentes nos muestran el trato que a nivel mundial se les dispensó a los llamados “WikiLeaks”; es decir, en el plano de la comunicación, fueron los grandes y más importantes diarios del mundo los que replicaron la información; en el plano legal, Julian Assange atraviesa por un complejo proceso legal y de consecuencias inimaginables para él. Respecto a la corrección ética de los estándares en las políticas internacionales, cada país tendrá, en su momento, que rendir explicaciones ante el concierto de las naciones civilizadas del mundo.

En el año 2019, diversos diarios de la localidad lograron publicar extractos de las conversaciones del expresidente Juan Carlos Varela con exfuncionarios y asesores “ad hoc” de su Gobierno. Si bien, adoptaron una posición conservadora, los imponderables que se generan a partir de las diversas plataformas de comunicación digital, nos permitieron conocer en toda su magnitud el caudal de estas filtraciones.

Aunque los “leaks panameños” permiten contemplar la forma en que se diluye el puritanismo político y moral de quienes históricamente se venden como los adalides del buen ciudadano; a la vez, nos ayudan a descifrar de qué manera el poder real se coludía bajo las sobras de la legalidad para interferir en las relaciones comerciales y de negocios de sus adversarios políticos. El extenso “dossier” detalla que, desde el Parlamento, específicamente, la Comisión de Presupuesto de aquel entonces, se presionaba indebidamente al Poder Ejecutivo con requerimientos para la consecución de dádivas, partidas circuitales y demás facilidades materiales, a costa de aprobar en primer debate una ley de dispensa fiscal.

Si bien, los hallazgos han permitido a las víctimas de los llamados “leaks panameños” presentar una serie de acciones legales, lo que favorece la posibilidad para debatir los aspectos relacionados con el origen, la autenticidad y el contenido de la información; en el estricto plano de la ética y la corrección política, la tarea es otra. Se impone identificar los contenidos de relevancia pública de tales filtraciones y luego, examinar bajo qué mecanismos se fraguaron aquellos vínculos y la dimensión real de sus efectos perniciosos.

Como siempre, la inercia del tiempo hace que estos hechos se mimeticen con la realidad actual. Nuestra desidia y la memoria colectiva cortoplacista que nos definen como nación conllevan sostener y legitimar un sistema político ineficiente, caduco y secuestrado por una clase privilegiada.

¿Cómo salimos del atolladero institucional? Si optamos por olvidar el valor público que se extrae de los llamados “leaks panameños”, adoptando la posición del avestruz, nos hundiremos más en el fango. Es insostenible que, en pleno siglo XXI, cualquier hombre o mujer llamado presidente lo controle todo y a todos, cual monarquía simulada; y si acaso llegan los vientos del contrapeso parlamentario, estos se reducen a satisfacer las espurias ambiciones materialistas de los que allí operan.

No podemos ni debemos postergar el debate para refundar el Estado. El diálogo nacional tiene que permitir la incorporación de otros actores estratégicos de la vida nacional, pues, de no hacerlo y conformarnos con los interlocutores de siempre, pero ahora, disfrazados con máscaras al estilo venecianos, nos dejarán en el mismo punto de partida; es decir, incapaces de empinarnos sobre la inmediatez de un lustro de Gobierno, y desafiar la historia para darle sentido y contenido al llamado “Diálogo Nacional por el Bicentenario”.