Desigualdad laboral hacia las personas con discapacidad

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado de DDHH del presente siglo, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 y abierta a la firma y ratificación el 30 de marzo de 2007.

Consiguientemente, Panamá la firmó, al igual que su Protocolo Facultativo, el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 7 de agosto de ese mismo año.

Sin embargo, a nueve años de la adopción de este tratado, aún persisten en nuestro país marcados obstáculos en el acceso de las personas con discapacidad a un trabajo digno que permita una auténtica inclusión, basada en la valoración de la diversidad de esta parte de la población.

Aunque pareciera increíble, en un país que presume de una economía superior al 6,5 % y, donde la riqueza se armoniza entre suntuosos rascacielos y megaproyectos de infraestructuras, la penosa realidad es que paralelamente se cimentan sutilmente los prejuicios, la desigualdad y los inaceptables estereotipos relacionados con el derecho legítimo que tienen las personas con discapacidad a ser insertadas en el mundo laboral en igualdad de condiciones.

Pero... Los que, dichosamente, logran acceder a una plaza de trabajo deben enfrentarse a otra absurda desigualdad: La subrepticia brecha de la inequidad remunerativa en balance con aquellas personas sin discapacidad, aún cuando comparativamente su desarrollo académico y laboral es similar.

Sin embargo, sabemos, por experiencia personal, que cuando se suprimen esos incomprensibles prejuicios y se compara la productividad desde las capacidades y no desde las diferencias que cada uno posee, valorando la diversidad, las personas con habilidades distintas pueden ser tan productivas y responsables como los demás.

Aunque en los últimos años se ha avanzado tenuemente y las personas con capacidades especiales han visto reconocidos sus derechos en Panamá, ocupando parcialmente el lugar que les corresponde en la sociedad, no obstante, quedan grandes retos por delante, debido a que muchos profesionales discapacitados afrontan dificultades para disfrutar de un puesto laboral decente o equitativamente remunerado, que permita disfrutar plenamente de una vida digna.

Este colectivo de la sociedad, representa aproximadamente un 15 % de la población mundial. Alrededor del 80 por ciento está en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es, con frecuencia, denegado a nivel privado y estatal en nuestro país; no se trata de que la empresa contrate a la persona por el simple deber de cumplir con la Ley, sino más bien, el éxito debe fundamentarse en que el contratante ‘adapte ' el puesto a las condiciones de cada situación y, en consecuencia, si ese ajuste se produce, el resultado que se pretende estará garantizado.

¿Cómo aumentar este porcentaje? o mejor, ¿cómo ser inclusivos en materia laboral y combatir una desigualdad oculta dentro de nuestra sociedad?

Panamá, está compelido a redoblar esfuerzos en virtud de respetar el compromiso que ratificó en marzo de 2007, promoviendo la justicia social, lograr una mayor inserción laboral, en espacios decentes y con equidad. Evidentemente, la falta de un entorno físico accesible y amigable es una realidad en Panamá, que se convierte en un obstáculo más en la contratación de personas con discapacidad y que se suma a la definición de incentivos claros para las empresas que desarrollen buenas prácticas más allá de la obligatoriedad de una norma.

Paralelamente, es apremiante reforzar a nivel nacional los planes de inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y la inserción en la vida productiva del país, con una mayor promoción del empleo, que se refleje verdaderamente de manera efectiva en la reducción de la pobreza en este sector de la población.

La discapacidad es una expresión fundamental y permanente de la diversidad humana. Profundizar en el real cumplimiento de la Ley 42 del 27 de agosto de 1999 sobre la equiparación de oportunidades y fomentar la innovación en la inclusión social con equidad, constituyen los pasos necesarios para construir políticas públicas serias que ataquen la desigualdad.

Es necesaria además la voluntad política y mirar definitivamente este grupo que sufre con severidad la exclusión. Solo así podremos lograr que muchas más personas se sientan parte del mundo laboral y productivo del país.

En definitiva, trabajando juntos... Sector privado, Estado, sociedad y principalmente los propios discapacitados, con un modelo de propuesta encaminado a potenciar su autonomía productiva, podemos derribar las marcadas barreras de ‘la desigualdad en el campo laboral hacia las personas con discapacidad en Panamá '.

COMUNICADOR SOCIAL. NO VIDENTE.