La política fallida de la guerra contra las drogas

La crisis de violencia que se está viviendo actualmente en Ecuador, la misma que se ha vivido en Colombia, México, El Salvador, Honduras y demás países latinoamericanos afectados por el narcotráfico, es consecuencia directa de mantener viva una absurda y contraproducente “guerra contra las drogas”, la cual luego de 52 años y trillones de dólares gastados ha sido un rotundo fracaso como política pública “global”; guerra que ha tenido su epicentro más violento en los países de Latinoamérica, incluyendo a Panamá, con altísimos costos monetarios como en vidas.

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC 2022), hoy día no solo hay más consumo y mayor producción, sino que los niveles de violencia y poder militar de los carteles ha crecido, en algunos casos exponencialmente mucho más que los ejércitos de los estados afectados, siendo dicho poder alimentado por la política militarizada y criminal contra el consumo de estupefacientes.

El informe refleja un aumento sin precedentes en la fabricación y consumo de cocaína, heroína y demás drogas sintéticas. Los 284 millones de personas entre 15 y 64 años que consumieron drogas en todo el mundo refleja un aumento del 26% respecto a la década anterior. A nivel global hay unos 11.2 millones de personas que se inyectan drogas. Alrededor de la mitad vive con hepatitis C; 1.4 millones con VIH y 1.2 millones, con ambos. Y en cuanto a la producción de cocaína, esta alcanzó un máximo histórico, con un crecimiento del 11% respecto al año anterior. Las incautaciones de cocaína también aumentaron, a pesar de la pandemia de COVID-19, batiendo todos los récords en 2020.

El tráfico de metanfetamina continúa expandiéndose geográficamente al reportarse incautaciones en 117 países entre 2016 y 2020, frente a 84 que lo hicieron entre 2006 y 2010. Las cantidades incautadas se quintuplicaron entre 2010 y 2020.

En Estados Unidos y Canadá, las muertes por sobredosis, provocadas principalmente por la epidemia del uso no médico del fentanilo, siguen batiendo récords. Las estimaciones preliminares apuntan a más de 107,000 muertes por sobredosis en 2021 (293 x día), frente a unas 92.000 en 2020. Las incautaciones de metanfetamina aumentaron en América del Norte un 7% respecto al año anterior. En el Suroeste Asiático el aumento fue del 50% en 2020 con respecto a 2019.

En 1970, las muertes por sobredosis alcanzaban a uno por cada 100,000 estadounidenses. A finales del siglo XX esta incidencia se había multiplicado por 6; para el 2019 las muertes superaban las 20 cada 100,000. Estados Unidos llega a la epidemia del fentanilo luego de haber invertido durante medio siglo entre un trillón de dólares en todo el mundo, según distintas estimaciones.

El sistema judicial latinoamericano, por otro lado, es selectivo. En 2016, México tenía 211,000 personas privadas de la libertad: seis de cada diez estaban por delitos de drogas. El 75% de este grupo, por pequeñas cantidades. El sistema penitenciario panameño no está alejado de esa realidad. Toda prohibición promueve el mercado negro; y en el caso de las drogas ilícitas, los narcotraficantes tienen ejércitos más poderosos que los estados, gracias a las altísimas ganancias que esta actividad ilegal genera.

La única forma de derrotar a los carteles es arrebatándoles de sus manos el mercado de consumidores, acabando así con su fuente de ingresos, vía la descriminalización y dedicar todos esos billones de dólares en políticas de salud pública, no militares, enfocadas en educación, prevención y rehabilitación. Estas pasarían a estar bajo una estricta regulación estatal, bajo la cual se regularía su producción, dispensación, consumo y, sobre todo, se garantizaría su calidad. Gran parte de las muertes por sobredosis ocurren al no existir certeza sobre el contenido de las mismas. Además, esta actividad ya no le generaría gastos al estado sino ingresos vía impuestos.

Con lo anterior, los narcotraficantes perderán de raíz la fuente de sus enormes ingresos y poder; las drogas, hoy ilícitas, pasarían a ser supervisadas y reguladas por el estado y los usuarios podrían acceder sin estigmatización a programas de rehabilitación. Ya esta historia se vivió en los años 20 con la prohibición del alcohol.

Los únicos que se han beneficiado de esta mal llamada “guerra” son los Estados Unidos quienes, no solo les rinde réditos económicos importantes por la venta de armas a los ejércitos latinoamericanos, sino que también esta se ha convertido en una especie de “arma geopolítica” gringa con la cual estos nos imponen leyes, tratados o convenidos que solo tienen como intención proteger y promover sus intereses geopolíticos por medio de listas, acreditaciones, sanciones y demás medidas políticas.