La institucionalidad del Estado panameño

Cuando hablamos de institucionalidad, en el sentido de los poderes del Estado, nos referimos a las distintas instituciones que lo conforman, ejerciendo el poder político y base de la organización política y democrática del estado, quienes son reguladas y administradas por la institucionalidad del mismo, garantizando así la independencia equilibrada de cada uno.

Los poderes deben ser independientes el uno del otro, soberanos e igualmente poderosos, ya que los tres deben circunscribirse a la Constitución y su marco jurídico de leyes. Cada uno a su manera, tiene la misión de velar por la adecuación de los otros, haciendo de contrapeso y evitando así que el Estado sea controlado por una única instancia.

Los poderes del Estado se dividen en tres ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial; todos diseñados para funcionar de manera independiente y equilibrada.

El poder ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las leyes y administrar el país. Está representado por el presidente, electo en un proceso electoral democrático. Para nuestro caso, Panamá, ejercerá el poder ejecutivo por cinco años.

El poder legislativo es el encargado de crear y aprobar leyes que regirán al país. Para nuestro caso, está compuesto por 71 diputados, electos por un proceso electoral democrático, ejerciendo su mandato por cinco años.

El poder judicial es el encargado de interpretar y aplicar las leyes. Este compuesto por tribunales y jueces quienes tienen la tarea de garantizar que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, tienen la función de resolver conflictos y aplicar sanciones a los que incumplan con las leyes.

La Constitución regula el camino y recto funcionamiento de las instituciones democráticas, cualquier grave irregularidad producida por sus representantes en ejercicio debe corregirse de acuerdo con sus propios mecanismos, recurrir a soluciones improvisadas equivale a resolver los problemas al margen de sus disposiciones; precisamente, la institucionalidad radica en el deber de sus representantes para atenerse a las “reglas de juego” previstas en la Constitución, lo contrario es arbitrario, pues, será la decisión para andar por caminos distintos, ni consensuados, en nuestra forma constitucional de gobierno.

Cuando observamos pronunciamientos radicales de cerrar la Asamblea Nacional, botar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o exigir la renuncia del presidente; sea por dirimir en cualquier decisión política, por hacer de la querella un símbolo político para adversar el poder político en turno o hacer de los medios de comunicación un enemigo constante de cualquiera de los tres poderes, vemos con temor, que estas fuerzas políticas tienen por objetivo destruir el estado democrático del país, destruir el equilibrio de los tres poderes del Estado, acabar con nuestra constitución, para poder así implantar e implementar un régimen de extrema derecha o totalitario.

Por eso nos preocupa cuando los medios de comunicación arremeten contra los diputados, tildando a “todos” de roedores y ladrones, desconociendo que cada uno de los 71 diputados estamos en la Asamblea nacional por votación popular y representativo de cada circuito electoral, no se llegó a la Asamblea Nacional por suerte o por milagro; se llegó aquí por presentar proyectos cónsonos con los problemas de cada circuito y a nivel nacional; por recorrer casa por casa, vereda por vereda, cada circuito electoral, oyendo y estructurando programas sociales y económicos que una vez se llegue al poder legislativo, llevarlos a la práctica para resolver, en lo posible, estas enormes necesidades de cada comunidad, poblado, ciudad y provincia.

Por tal razón nos conmueve y preocupa, escuchar a los detractores del actual poder político del país, pedir, sin tapujos, la renuncia de los magistrados, de jueces o fiscales, por no ejecutar las leyes según sus bajos principios y en beneficio particulares de estas fuerzas políticas en oposición. Nos duele que sin tapujo se pida la renuncia tajante del presidente, inclusive se promueven golpes de Estado para que por “las buenas o por las malas” renuncie.

Siempre defenderemos la institucionalidad del Estado, no podemos permitir que después de tanta lucha política por tener un Estado democrático, volver a la dictadura o el poder de la extrema derecha.

Somos y seguiremos siendo un gobierno representativo, prístino y democrático, Panamá se lo merece.