La ética detrás del impuesto a la comida chatarra

Para promover la salud, los expertos en salud pública y las autoridades gubernamentales han propuesto impuestos especiales a los fabricantes de comida chatarra y distribuidores de bebidas azucaradas. Hasta ahora, nadie se ha tomado la tarea de investigar sobre las implicaciones éticas de crear impuestos a otros productos que se han demostrado que también causan enfermedades crónicas.

Anteriormente, en otras áreas de las ciencias, se han usado metodologías y marcos estratégicos para evaluar el impacto de las regulaciones e intervenciones fiscales en áreas como salud pública, seguridad y bienestar general. Sin embargo, el principal propósito de un impuesto es modificar conductas y disuadir para que las personas no compren o eviten el consumo de un producto específico.

No cabe duda que más estudios se deben realizar en el futuro para concluir que, por ejemplo, los impuestos al consumo de sodas y comidas chatarra no solo tienen un impacto en el comportamiento de los consumidores sino también en su conocimiento y empoderamiento a la hora de elegir. Pero existen además diversas implicaciones de orden ético y moral que debe asumir la industria de alimentos, y no únicamente en torno al tema de los impuestos sino al abanico completo de políticas de salud pública en las que debieran participar de una forma más responsable.

Los impuestos a las sodas son parte de una política para promover salud y financiar inversiones en las comunidades más afectadas por enfermedades relacionadas con la alimentación. Existen por lo menos cincuenta países que han implementado este tipo de impuestos, y las evaluaciones muestran que reducen el consumo y al mismo tiempo aumentan los ingresos para financiar programas de educación. Sin embargo, no hay los suficientes análisis sobre las consideraciones éticas de tales impuestos con respecto a salud, bienestar, igualdad, derecho de información, libertad de elección, valores, costumbres culturales y responsabilidad social. Hasta ahora, la evidencia disponible y la intuición nos sugiere que existe un sólido argumento ético para imponer impuestos a los productos que causan daño a la sociedad.

En el caso específico de la ciudad de Berkeley en California, se ha demostrado que los impuestos a las sodas disminuyeron significativamente su consumo y se revirtió la tendencia de la obesidad, además de la morbilidad y mortalidad relacionadas con la dieta. Mientras tanto, la carga del costo promedio para el consumidor que resultaría si los distribuidores aumentan los precios de su comida chatarra en respuesta al impuesto es mínimamente regresiva. En cuanto a la libertad de elección, los impuestos no eliminan la opción de comprar sodas ni productos ultraprocesados, pero si los distribuidores y supermercados suben los precios, resulta algo más caro seguir comprando la misma cantidad que se compraba antes. Con lo cual, los impuestos amplían las opciones de comida financiando la disponibilidad de agua potable, frutas, verduras y legumbres, o incluso impulsando a la industria a ampliar las ofertas de bebidas sin azúcar y comidas que contienen menos azúcar, menos sal y menos grasas saturadas.

Además, al evitar el consumo de productos dañinos, los impuestos a la comida chatarra deberían ampliar la libertad general para perseguir los objetivos personales. La elección informada podría verse facilitada al ver un precio de anaquel más alto (lo que indicaría que un producto contiene azúcar agregada, por ejemplo) y la exposición a la educación nutricional financiada con ingresos fiscales. Es poco probable que los impuestos a la comida chatarra interfieran negativamente con los valores o costumbres culturales porque los impuestos no eliminarían tener chichas, hojaldras ni tortillas para ocasiones especiales, y tampoco las sodas ni los nachos o “cheese weez” son elementos fundamentales de la canasta básica de los panameños. Por último, el impuesto a las sodas y otras mercancías dañinas para la salud le atribuye directamente la responsabilidad al fabricante, de una manera que refleja exactamente la contribución de la industria a la obesidad y pone en contexto el compromiso que debió adquirir hace años en la búsqueda de soluciones multisectoriales necesarias para prevenir las enfermedades relacionadas con la dieta.

Y precisamente debido a que la prevalencia de las enfermedades relacionadas con la dieta continúa aumentando en Panamá y en el resto del mundo, y que para 2040 se proyecta que la mitad de todos los adultos panameños serán clasificados como obesos, es necesario crear políticas públicas y acciones concretas para revertir la epidemia de obesidad y prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. No tengo la menor duda que los impuestos a las sodas y demás comidas chatarras, aunque no sean del gusto de todos, representan la primera línea de políticas efectivas y éticamente defendibles que sirven para frenar el consumo de productos alimenticios dañinos en el mercado.