La constitucionalidad requerida

Gracias al golpe anticonstitucional que instauró la dictadura en 1968, durante cincuenta y seis años, Panamá ha vivido al margen de la constitucionalidad.

Ello permitió a una constitución impuesta en 1972, instaurar fácilmente el reino del pseudoconstitucionalismo que aún impera, en perjuicio de la dignidad del ciudadano y de los principios básicos para un Estado de derecho.

El proceso evolutivo del derecho constitucional panameño se vio castrado desde entonces, echando por tierra el salto cualitativo que significó para nuestra vida republicana el proceso constituyente de 1945 y la Constitución de 1946,

Las aportaciones a la ciencia del derecho constitucional que, durante las últimas décadas, han sido brindadas por muchos otros Estados, no nos permiten continuar dándole la espalda a la urgente necesidad de abocarnos todos los panameños a la construcción de un Estado constitucional democrático de derecho.

Los múltiples y valiosos aportes para una teoría de la Constitución para el siglo XXI, continúan su desarrollo; sin embargo, en Panamá, los factores reales de poder dominantes se continúan aferrando a la constitución militarista impuesta, cuyas cuatro reformas no han contribuido absolutamente en nada a la necesaria democratización de las relaciones de poder en nuestra sociedad.

Es necesario - ante el desfase constitucional imperante -, recordar una vez más que “la Constitución no es solo un ordenamiento jurídico para los juristas, sino que actúa esencialmente también como guía para los no juristas, para el ciudadano”.

Por razones de orden histórico, además de un sinnúmero de factores objetivos y subjetivos en nuestra formación social, no ha podido darse un verdadero Estado de derecho. Transcurridos ya casi 24 años del siglo XXI, el no abordar la tarea de alcanzar un estadio superior nos convierte en cómplices del estado actual de las cosas.

De ahí entonces que, en el proceso de dotarnos de una nueva Constitución a través de un proceso constituyente democrático, que debe de estar basado en el ejercicio del poder ciudadano, que es el soberano detentador del poder constituyente, fijarnos como meta el alcanzar un verdadero Estado constitucional, a tono con los progresos logrados en la materia a nivel mundial.

En esa tarea, la participación ciudadana y los aportes que brinden los distintos sectores de nuestra sociedad, debemos encontrarnos todos inicialmente en la alfabetización constitucional, la cual servirá de punto de partida para poder alcanzar mejores instituciones, codificaciones y normas constitucionales.

Dicha alfabetización constitucional, a iniciarse, en principio, en enero del 2025 jugará un papel preponderante en todos los sentidos para nuestra sociedad. Ello es así, puesto que la misma conllevará una amplia participación ciudadana de todos los sectores geográficos, demográficos, educativos, económicos y sociales de nuestra sociedad

En la medida en que todos seamos alfabetizadores de unos y otros, que compartamos nuestros conocimientos y valores cívicos, así como el conocimiento de nuestros derechos y garantías, podremos ir avanzando con paso firme hacia esa nueva Constitución que con tanta urgencia se requiere.

Tenemos un reto colectivo por delante que no podemos eludir, puesto que está en juego nuestro presente y nuestro futuro constitucional.