La Caja de todos

La adopción de la ley que estableció la Caja de Seguro Social (CSS) y su puesta en marcha el 31 de marzo de 1941, hace ochenta y tres años, fue la formalización de etapas en las que se buscó consolidar prestaciones para diferentes tipos de trabajadores y, sobre todo, garantizar fondos para la jubilación. Así se había gestionado para los telegrafistas en 1924, para los empleados de la agencia postal en 1925, los maestros en 1930 y empleados públicos en 1935.

En la medida que la norma se fue aplicando y surgió la institución, se definieron los caminos por los que habría de establecer su destino: atención de salud, jubilación y un conjunto de programas que buscaron soluciones a sus cotizantes (indemnizaciones, préstamos, bienes raíces de bajo costo e inversiones). Pese a que la entidad cada cierto tiempo evalúa su adecuación a las necesidades y a los tiempos, hay actualmente síntomas de desgaste.

La calidad de atención se ha desmejorado, pese a opiniones en contrario. Como se ha demostrado, existe una agenda de atrasos en servicios como las intervenciones quirúrgicas y se presenta una mora de varios miles de casos. El público asegurado se queja de la insuficiencia en la dispensa de medicamentos, aunque sea negado por las autoridades administrativas. Las cifras no cuadran en el programa de Vejez, Invalidez y Muerte, responsable de las jubilaciones.

Pese a que la CSS ha procedido a establecer centros de atención en todos los rincones del país, crece la incapacidad de dotar de suficiente personal técnico e implementos para funcionar según los requerimientos y se produce una gestión con evidente inequidad en cuanto a las regiones. Es común escuchar “no tenemos determinados medicamentos” o “no se puede hacer tal o cual laboratorio porque no nos han llegado los reactivos”.

El presidente de la República ha planteado la necesidad de llegar a acuerdos que permitan tomar las mejores estrategias para garantizar que la Caja siga prestando sus importantes servicios al país. Es así que ha dado instrucciones para configurar una mesa de discusión en la que participen los diferentes sectores que tienen competencia o intereses en la gestión del coloso y asegurar los lineamientos que han de definir los cambios necesarios.

La historia de las mesas de trabajo en Panamá tiene un saldo desalentador. En lugar de alcanzar ideas o documentos que den origen a importantes bases para transformar diversos referentes y dar saltos cualitativos en acuerdos, decisiones y normativas, se convierten en interminables ejercicios de poder donde las consignas, descalificaciones, presiones y frustración colectiva hacen perder importantes oportunidades de transformar la cultura.

Recordemos las tareas asignadas al vicepresidente de la pasada administración de crear condiciones para reducir el absurdo costo de las medicinas en el territorio nacional. No solo no se llegó a ninguna decisión, sino que las recetas se hicieron más onerosas para la población con el enrevesado procedimiento que se intentó adoptar, sobre todo por la falta de acuerdos entre los grupos que intervinieron y que no cejaron en sus intereses.

¿Cómo llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas que han de aportar sus experiencias y conocimientos particulares? No es posible avanzar en una negociación con la descalificación o con la costumbre de proferir consignas y crear falsos cuestionamientos. Hay quienes no se interesan en alcanzar consensos, otros van a buscar dolorosas e insensatas acciones que harán retrotraer los logros previos.

Las necesidades de la población son el gran contexto sobre el que se han de orientar quienes asistan a esta mesa de discusión. Y la responsabilidad es suficientemente compleja porque va a ser crucial, no solo para el destino de la Caja de Seguro Social, sino para el futuro del país. Hay una dicotomía entre desarrollo y atraso, y las tareas que ahora se asuman van a ser el fiel de la balanza para augurar el porvenir que nos espera a todos.