¿La industria marítima panameña pertenece a los panameños?

Todos los días vemos grandes buques, ya sean graneleros, tanqueros o portacontenedores con bandera panameña transitando por nuestro Canal, pero ¡qué hermoso sería que ese buque fuera tripulado por panameños, financiado y asegurado en Panamá y propiedad de panameños!, puesto que hoy día, no es así. Una ley de cabotaje es llamada a ser el catalizador para que esto se convierta en realidad.

Para muchos en el sector marítimo, Panamá es sinónimo del principal registro de buques, de un Canal que mueve más del 3 % del comercio mundial, hogar de un complejo portuario y logístico que conecta dos océanos en menos de 70 km, así como uno de los principales centros de bunker del mundo, entre otros meritorios galardones. ¿Pero cómo ha podido un país con estas características desarrollarse sin tener una verdadera flota de cabotaje?

La respuesta es sencilla, los panameños se abocaron a cumplir con el enunciado que contiene su escudo, “pro mundi beneficio” o “para el beneficio del mundo”. Por ello, los panameños se dedicaron a trabajar durante el siglo XX para una vía Interoceánica controlada por los norteamericanos, fungiendo como la fuerza laboral de este. Ya hacia el último tercio del siglo, un grupo de abogados desarrolló los servicios de abanderamiento, pero, el transporte por vía acuática y los servicios a las naves, quedaron totalmente de lado, es decir, no se desarrollaron.

Al firmarse los Tratados Torrijos-Carter, en el año 1977, algunos panameños entendieron no solo lo importante de ese suceso para el país, sino, también, los grandes retos y oportunidades que esta oportunidad traía.

Así pues, un grupo de personas supo que debía mirar hacia el mar y empezó a aprender y tratar de desarrollar servicios y negocios en esa línea, sin embargo, es muy difícil desarrollar industrias sin tener el conocimiento. Esto, en particular, se nota en el ámbito de servicios, reparaciones a las naves y el transporte costero o de cabotaje.

Fue necesario, contrario a la tendencia mundial, mantener estas actividades abiertas para que empresas extranjeras vinieran a brindar los servicios que las naves requieren, y a que panameños aprendieran y desarrollaran las habilidades necesarias. Para el resto del mundo las actividades de cabotaje constituyen una industria de industrias, necesitan ser controladas por el mismo país por motivos de seguridad nacional y son fuente del desarrollo de armadores que luego compiten en los mercados internacionales.

Luego de más de 20 años de operar y controlar el Canal, y de cinco de la apertura de su ampliación, los panameños dedicados al cabotaje, sienten que están listos para que Panamá dé el paso adelante y se iguale con el resto de los países, desarrollando leyes y regulaciones para las actividades costeras, que garanticen que sean sus nacionales quienes las desarrollen y que el producto de ellas, el cual va de la mano con la ventaja de la ubicación geográfica, la ruta y la actividad portuaria, se quede en nuestro país.

Para estas empresas el camino ha sido duro, pues Panamá no solo permitía que extranjeros participaran de las actividades de cabotaje, sino que, para atraerlos, permitió en sus acuerdos bilaterales y otras regulaciones, un marco legal e impositivo muy ventajoso y atractivo, el cual hoy se traduce en que esas empresas manejen estructuras de costos mucho más convenientes que los locales.

Después de un provechoso debate y aprobación legislativa, el Órgano Ejecutivo está en trámite de sanción del Proyecto de Ley de Cabotaje para Aguas Panameñas, que tiene como objetivo el que los panameños retomen el control y soberanía sobre las actividades en sus aguas y estamos seguros de que se traducirá a futuro en grandes beneficios para su economía.

No dudamos de que estaremos a la altura del reto, pues las historias de éxito en el sector son constantes, hoy tenemos un Canal más eficiente y seguro que el que recibimos, un registro que supo adaptarse y pasar de ser un lugar “conveniente” para registrar una nave, a ser hoy la referencia de donde registrar una propiedad en forma segura y de que son naves con buen cumplimiento de las normas de seguridad, etc.

Algunos ven en esta ley temores de que no podamos dar la talla, o de que se busque monopolizar una u otra actividad. Yo en particular siento que este paso es necesario para que desarrollemos armadores panameños y que en el futuro tengamos una marina mercante no solo abanderada en Panamá, sino operada desde nuestro país, y de propiedad de panameños, como he soñado desde que decidí estudiar economía marítima. El tiempo probará si estoy en lo correcto.