Hacia una clara separación de los poderes públicos

Como todos los que consideramos que el derecho a sufragar es también una obligación, cuando me correspondió hacerlo, voté por la candidatura de José Raúl Mulino, por estimar que, entre las diferentes alternativas, era la más conveniente al interés nacional. Y con ese mismo criterio, en los niveles correspondientes, en mi circuito voté a la candidata de libre postulación Walkiria Chandler; para la alcaldía al candidato Mayer Mizrachi; y a César Kianco, para representante de mi corregimiento.

Con la designación de los ministros y ministras que acompañarán en su gestión al próximo presidente se ha seguido avanzando, en la conformación del próximo gobierno. Además, como ya es conocida la integración de la próxima Asamblea y han comenzado las especulaciones sobre la composición de su junta directiva, las correlaciones entre las diferentes bancadas y las de estas con el Ejecutivo, estimo oportuno compartir algunas reflexiones al respecto.

En un escrito anterior, al igual que un sector mayoritario de la ciudadanía, valoré como altamente positivo el mensaje del presidente electo en el acto de su proclamación oficial, por su talante conciliador y su promesa de sumar para su gestión a las personas que él estimara que mejor podían servirle al país. Además, que reconociera que el resultado de las urnas había conformado una nueva realidad política, de la que había tomado debida nota y a la cual ajustaría su gestión, también le ganó, aparte de nuevas simpatías, espacio de maniobra, políticamente hablando, que podrían ampliarse; pero que también podría disminuir, según los términos en que se defina la interacción entre Ejecutivo y el Órgano Legislativo.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, tradicionalmente ha sido de altas y bajas, pero, especialmente durante la administración próxima a concluir su mandato, los saldos han sido de negativos a críticos. La armónica colaboración que pide la Constitución que debe existir entre ellos, ha degenerado a una lucha de imposiciones alternadas que, en la apreciación ciudadana, solo las motivan las componendas y los chantajes.

En orden descendente, la Asamblea está integrada así: 21 diputados de libre postulación; 16 de la alianza CD-Panameñista; 14 de la coalición RM-Alianza; 13 de la coalición PRD-Molirena; 3 del partido MOCA; 2 del P. Popular; y 2 postulados por partidos opuestos, pero que se los ubica sumándose a la alianza gubernamental.

Según se conoce, hasta ahora se ha postulado para la presidencia de la Asamblea al diputado que lidera la bancada de RM-Alianza, quien, se vaticina no contaría con el apoyo de los 21 diputados de la bancada mayoritaria y tampoco con los 3 ó 4 del partido MOCA. Pero, a la par, varios medios de comunicación han publicado que para lograr su elección avanzan acuerdos, para sumarle votos que aportarían diputados de las bancadas de los partidos que adversaron al presidente electo y que fueron sonoramente derrotadas en las pasadas elecciones.

De ser ciertas esas especulaciones, cabría preguntar: ¿responderían esos acuerdos a las aspiraciones expresadas por los votantes al favorecer las candidaturas de libre postulación y vetar a los patrocinadores de las prácticas, a los que les negó la reelección?

La interpretación correcta de los resultados electorales es que la ciudadanía, al rechazar las aspiraciones reeleccionistas, especialmente de los diputados del PRD, espera que se erradiquen, de una vez por todas, las prácticas identificadas con los rechazados y que, en su lugar, nuevos aires de transparencia sean los que circulen en el Palacio Justo Arosemena.

El presidente electo estuvo acertado al reconocer que hay una nueva realidad política, representada por la bancada de libre postulación, con la que buscaría acuerdos. Y si se comparan los postulados a los cuales ha prometido ceñir su gobierno, con el código de conducta hecho público por ese nuevo núcleo de diputados, las afinidades son más; tantas como son de escasas con las que caracterizan a las bancadas recurrentes de los partidos tradicionales.

Por consiguiente, así como las posibles negociaciones con esos partidos repudiados por el electorado disminuirían los efectos positivos de las declaraciones del presidente electo, en sentido contrario, la concertación de consensos con la bancada individualmente mayoritaria, los aumentarían. Lograr esos consensos no es tarea difícil, y debieran producir la elección de una Junta Directiva de la Asamblea, centrada en la objetividad, y preferiblemente presidida por un diputado o diputada de libre postulación. Ese camino se ajustaría mejor a las aspiraciones de la ciudadanía y contribuiría a la gobernabilidad, de la que es enemiga la subordinación y que solo puede lograrse con un equilibrado sistema de pesos y contrapesos, esencial para el funcionamiento eficaz de los órganos del Estado.