Ministro del MEF inicia proceso de revisión del recorte presupuestario

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se encuentra en el proceso de revisión del recorte al Presupuesto General del Estado, con el objetivo de cumplir con la meta de déficit fiscal, del 2%.

“Aún no tenemos (la información actualizada del recorte presupuestario). El ministro está en el proceso de revisión”, afirmó a este medio una fuente de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del MEF, al ser consultada sobre los avances del recorte presupuestario.

Chapman, durante su proceso de transición entre el ahora exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, adelantó que entre las instituciones que podrían ser afectadas por los recortes están: Asamblea Nacional (AN), Ministerio de Economía (MEF), Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Aunque desde el MEF se confirmó que el titular de la cartera ya inició el proceso de revisión para recortarle el presupuesto a algunas instituciones, tanto la AN como el Miviot aseguraron a este medio que todavía “no” se han dado los acercamientos oficiales para tal efecto, ya sea para una reunión o solicitud de información.

“No hay información formal, ni una carta”, afirmó una fuente de la AN, quien además recordó que la presidenta de este Órgano del Estado, Dana Castañeda, dijo que realizará una revisión a la planilla, una decisión que ha dado como baja a 300 funcionarios.

Durante el desarrollo del Consejo de Gabinete de este martes, Chapman presentó detalles preliminares sobre la situación fiscal del país y el gasto público. Destacó como principal prioridad del gobierno, honrar las deudas con los acreedores del Estado en lo que resta del año 2024.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024 asciende a $30.690.4 millones, suma que representa una disminución de $2.064 millones con respecto al presentado originalmente por $32.754.5 millones.

Se hicieron recortes al presupuesto de la Asamblea Nacional ($56.8 millones), Autoridad de Descentralización ($50.0 millones), MEF ($207.0 millones), Ministerio de la Presidencia ($31.8 millones), Ministerio de Obras Públicas ($112.5 millones) y Universidad Autónoma de Chiriquí ($4.9 millones), entre otras.

Los ajustes se hicieron tras los eventos ocurridos en octubre y noviembre de 2023, en rechazo al contrato minero, los cuales dejaron impactos negativos en la economía, trastocando el crecimiento experimentado hasta el tercer trimestre.

Esta desaceleración condujo a una revisión a la baja de los pronósticos macroeconómicos, fundamentando así la necesidad de reducir el presupuesto inicial.

En la reunión de transición, Chapman enfatizó en la necesidad de crear planes para iniciar la formulación del presupuesto del año 2025.

Destacó la importancia de evitar gastos innecesarios y el mal uso de los recursos públicos, subrayando que más del 80% de la actividad económica en Panamá proviene del sector privado. “No es prudente ni sostenible para el crecimiento económico a largo plazo que el Estado gaste irresponsablemente”, dijo.

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno tome decisiones acertadas para maximizar el rendimiento de los recursos limitados disponibles, asegurando que cada inversión pública genere un beneficio significativo para los ciudadanos; citó el ejemplo exitoso de la inversión en el Canal de Panamá, destacando cómo esta decisión estratégica ha beneficiado a la población panameña.

Además, ya anunció la implementación de un plan estratégico de gobierno a cinco años, que incluye un plan fiscal de igual duración, que tiene como objetivo no solo fortalecer la confianza nacional, sino también recuperar la confianza de los mercados de capitales y las agencias calificadoras de riesgo.

“Es fundamental que el plan fiscal a largo plazo sea creíble y confiable, garantizando así una gestión financiera responsable y transparente que beneficie a todos los panameños”, declaró el ministro de Economía en un comunicado.

Según expertos consultados por este medio, aunque estos esfuerzos son necesarios, el debate importante radica en establecer mejores mecanismos para incrementar la recaudación fiscal. “Acá hay un montón de sectores que no pagan impuestos y eso es lo que se debe analizar”, alegaron, al tiempo que expresaron dudas de la magnitud del recorte que se debe aplicar.

“Pasar de un 2,4% a 2% no es muy grande, solo es cuestión de que las instituciones eliminen gastos innecesarios o no prioritarios, a la par de disminuir la planilla”, señaló Allan Corbett, financista y auxiliar de maestría en la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

Según el balance de déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), del MEF, para marzo del 2024, el país contaba con un déficit de 1,88% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque a esto hay que sumarle los $800 millones que cinco ministerios le adeudan a los proveedores y que, el Estado no está en condiciones de pagar, en estos momentos, lo que puede elevar el porcentaje cerca del 2,4%.

Esto, en un contexto en el que el país reportó un déficit de $116.8 millones (3,9%), en materia de recaudación de ingresos corrientes y documentos fiscales, durante los primeros cinco meses de 2024, según informes de la Dirección General de Ingresos (DGI), detallando que se percibieron $2.842.8 millones. Otro elemento importante es que, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024 ($30.690.4 millones) se aprobó bajo la premisa de que se iba a ejecutar solo el 90%.

Todos estos son factores que el MEF se está planteando para poder cumplir la meta del 2% del déficit para final de año; y cualquier replanteamiento del presupuesto tiene que llevar un “fuerte recorte a varias instituciones”, porque no se está recaudando lo esperado y hay deudas importantes. Además, con esto se busca que el país no vea mermada su calificación de riesgo en Moody’s y Standard & Poor’s.

La deuda pública ha ido incrementando exponencialmente en los últimos años, pasando de los $10.231,3 millones en 2005, a los $46.025,0 millones para finales de 2023, explicó el economista Olmedo Estrada.

“Esa deuda representa una carga pesada para la ciudadanía, la cual tiene que pagar más de $1.000 millones en intereses, todos los años”, valoró el también decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina.

A juicio de Estada el gobierno pasado “no tuvo una mentalidad de ahorro y de recorte de gastos, y eso se ve reflejado en el presupuesto que tienen previsto para este año”.