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Hay un consenso generalizado: “No hay chenchén”. La economía panameña enfrenta un déficit de circulante y una contracción del consumo, acelerada por la reciente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings. A pesar de una mayor confianza en la gestión económica del gobierno Mulino en comparación a la administración Cortizo, persiste la incertidumbre.
El 28 de marzo de 2024, la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Panamá a ‘BB+’ desde ‘BBB-‘, perdiendo así el grado de inversión en esta calificadora.
Todd Martínez, director senior de Fitch, comentó en el foro de inversionistas de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), que ve difícil que Panamá recupere el grado de inversión a corto plazo y que, en promedio, la recuperación demora entre 5 y 7 años.
La decisión de Fitch no sorprendió a nadie, pero su recurrente referencia al deterioro de la gobernabilidad es un elemento nuevo. Su informe comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a 'BB+' refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país...”. Finaliza el primer párrafo indicando... “El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza que enfrenta el país...”.
El pronunciamiento de Fitch ha tenido repercusiones importantes. Algunos de estos impactos directos e indirectos a la fecha, incluyen:
1.) 15 % de aumento en la tasa de desempleo como resultado del cierre de la mina (Mitradel, abril 2024), lo que representa 31.413 empleos perdidos.
2.) Incremento generalizado de las tasas de interés bancario en créditos de consumo entre 2023 y 2024.
3.) Aumento del saldo de los créditos vencidos y morosos en el sistema bancario, de 3% del total de la cartera al 31 de mayo de 2023 a 4,35 % a la misma fecha de 2024, un incremento proporcional del 45 %
4.) Triplicación del costo del dinero para el Estado en 5 años, del 2,83 % pactado para la emisión de $2 mil millones efectuada en julio 2019 por la administración Cortizo, cuando el saldo de la deuda pública era $26.612 millones, al 9,3 % acordado para el financiamiento del Cuarto Puerto sobre el Canal, con un saldo de la deuda que ya asciende a $51.998 millones en agosto de 2024.
5. Caída de 5 puestos en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) publicado por la Banca de Inversión JP Morgan Chase para América Latina, desde el tercer puesto en enero 2023, sólo superado por Chile y Uruguay, al puesto 8 en julio 2024, por debajo de países como Uruguay, Chile y Perú (con Grado de Inversión), y otros cuatro (Paraguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana) sin Grado de Inversión, cuyos bonos soberanos hoy son vistos como más “seguros” que los de Panamá.
Otro síntoma de la contracción del consumo es el resultado del reciente Black Weekend, que este año logró ventas por $21 millones, en contraste con los $80 millones del año pasado. La incertidumbre reinante es también evidenciada por el hecho de que entre enero y agosto de 2024, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos, los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo han sido $2.234 millones menos que en el mismo período de 2019 (-19 %).
El panorama laboral permanece incierto. Entre enero y julio de 2024 Mitradel tramitó 23.421 nuevos contratos laborales por mes, 10.330 contratos por debajo de la media mensual del mismo lapso en el año prepandemia.
La menor actividad económica ha incidido en el déficit de $779 millones en las recaudaciones del Gobierno en los 8 primeros meses del año, cifra 15 % por debajo del Presupuesto y 2,6 % inferior a la del 2023.
La capacidad de la economía para generar empleo dependerá directamente de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez. El anuncio del presidente Mulino, sobre el pago de $1.120 millones de la deuda del Estado con sus proveedores, es un primer paso en la dirección correcta.
El encarecimiento del financiamiento nacional e internacionalmente representa una barrera a la inversión y generación de empleo. Urge transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio.