Gobierno violenta derechos humanos

Las violaciones de un gobierno autoritario a los derechos de la población ha sido constante desde su arribo a la Presidencia. Cada vez se reduce más el espacio institucional del maltrecho Estado de derecho, y las violaciones de derechos humanos se incrementan, al punto de que las protestas sociales, que deberían ser un medio democrático de participación, suelen convertirse en un espacio para la represión con el fin de acallar el cada vez mayor descontento del pueblo.

La salvaje represión desatada contra los obreros de la construcción que manifestaban su rechazo al privatizador proyecto de ley 163 que busca entregar a banqueros y administradores de fondos de pensiones los recursos de la CSS y reducir las pensiones, es una muestra de que Mulino le ha declarado la guerra al pueblo panameño.

El exabrupto del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien ordenó reprimir, perseguir, torturar a los obreros, amenazó y ejerció violencia contra las mujeres detenidas ilegalmente, traspasando sus funciones, violando la Constitución (artículo 311) y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece que “los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva...”, pues Fernández al señalar “... de mafia al Suntracs y sus dirigentes...”, cuando nada de lo dicho ha sido determinado por los tribunales de justicia ni existen acusaciones formales en este sentido. Esta conducta del director de la Policía amerita, como bien establece la ley, sanción con la destitución inmediata de su cargo, antecedentes en este sentido ya existen (administración de Guillermo Endara).

Más de 540 detenidos, 83 imputados reflejo de toda ilegalidad y violación de derechos de los compañeros y compañeras, conducta propia del autoritarismo que impera y de la política de terror que intentan imponer. Aunado a ello, una vez más cierran ilegalmente la cuenta bancaria del Suntracs.

Frente al atropello gubernamental el Suntracs en representación de los obreros de la construcción ilegalmente detenidos y presos políticos, así como ante el ilegal cierre de la cuenta bancaria, procedió a dar continuidad a la demanda contra el Gobierno presentada ante la OIT (caso número 3456), organismo que ha dado trámite.

Ya es claro que todo esto estuvo planificado. Ese día el Suntracs realizó protestas en numerosos puntos del país. Pero solo en ese punto de la avenida Balboa, la Policía envió 500 policías en arreos de combate, con armas de guerra y gran cantidad de municiones y bombas lacrimógenas que no sólo afectaron a los obreros, sino también a los trabajadores administrativos, pacientes, personal de salud y familiares que acudieron ese día a los centros hospitalarios cercanos.

El propósito fue amedrentar, provocar miedo como una advertencia a los que osen oponerse al maligno proyecto de reformas a la CSS y a la inmediata reactivación de la mina de Donoso.

A Fernández lo que menos le interesa es la seguridad de los ciudadanos, el está concentrado en destruir al movimiento popular. Por eso no le importa que con su llegada hayan subido en 35 % los homicidios, que cada 2 días desaparezca un niño o que estando apenas en febrero, ya el 2025 es el año con más decapitados de la historia del país.

Mulino ha pisoteado el Estado de derecho, la Constitución, los derechos humanos y las libertades ciudadanas y por eso debe ser juzgado.

El pueblo no va a amilanarse. La unidad, firmeza, disciplina de los compañeros del Suntracs, la solidaridad de diversas organizaciones del movimiento social, el profesionalismo de los abogados de la defensa, permitieron el 19 de febrero un momento histórico se alcanza la libertad de los compañeros. No cesaremos en impedir el atraco o robo del siglo en la CSS y la reactivación de la mina. Los mismos que se robaron la plata del Canal y la mina, son los mismos que quieren robarse el Seguro para paralelamente subir la edad de jubilación y pagar pensiones miserables.