Gobierno presenta la ley del robo a la Asamblea Nacional

Para comprender lo que el gobierno PRD-Cortizo-Gaby Carrizo quieren hacer con el llamado Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), es necesario saber su origen y propósito real y no el que se publicita. Su origen está en los fondos de las privatizaciones de energía eléctrica (IRHE) y de las telecomunicaciones (INTEL), principalmente, cuando en mayo de 1995 se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD).

Apenas 56 días de haber tomado posición, como presidente, Pérez González (Balladares), el Consejo de Gabinete aprueba que se elabore la ley del FFD. Sin embargo, Pérez Balladares, Ricaurte Vásquez, sí, el actual administrador de la ACP, y Guillermo Chapman, se aprestaban a negociar la deuda externa. Privatizar las empresas estatales era una de las condiciones del FMI, el Banco Mundial y los bancos acreedores, entre otros ajustes, como lo fue el de las jubilaciones especiales y el Código de Trabajo. El propósito de este triunvirato era satisfacer las exigencias de las instituciones financieros internacionales (IFI’s) y los acreedores, que exigían garantías de pagos futuros, para lo cual se requerían tales “ajustes”.

El FFD se crea con ese propósito. Es un cuento que fue una “gran idea de Chapman”. Lo real era que sabían que venderían las empresas estatales, que las IFI’s y los acreedores exigían garantías de pago para renegociar la deuda externa, y se adelantaron a crear condiciones para ello. Reafirmaban la renuncia a desarrollar una política económica autónoma en pro del desarrollo nacional y ratificaban su entrega a las IFI’s.

Los que venden la patria siempre han estado presentes en los gobiernos, y el de Endara, Ford y Calderón, el de Pérez González (Balladares) así como los subsiguientes no fueron una excepción. El contrato minero de 1997 y la pretensión de su remplazo, solo los hizo más visibles.

Estuve en desacuerdo con el FFD por dos razones esenciales. Una, porque junto a sectores patrióticos, me opuse a la privatización, como también nos opusimos a la modificación del Código Laboral, a la reducción de aranceles para favorecer las importaciones en contra de los productores nacionales, y a la eliminación de las jubilaciones especiales, porque todo era parte del sometimiento de la política económica nacional al capital financiero. La segunda, que hacer un “ahorro” supuestamente para enfrentar “situaciones de crisis”, era falso, por lo explicado previamente, y que además, en todo caso, tales recursos eran de los panameños y debían destinarse a pagar la deuda social (educación, salud, vivienda, agua potable) y a inversión productiva porque un principio en economía es que el ahorro nacional tiene sentido si se utiliza para inversión.

La ley de “responsabilidad fiscal” la aprueba Martín Torrijos en 2008, en el marco de la crisis financiera internacional y la restricción de créditos, y también se vincula al FFD.

Esta crisis impidió el endeudamiento del gobierno de Torrijos, esto explica el bajo endeudamiento de su gobierno y no una “buena gestión” de las finanzas. Esta ley también responde a exigencias de las IFI’s, y ahora a las llamadas “calificadoras de riesgo”, que entraron a jugar un rol protagónico desde el gobierno de Pérez González (Balladares), y el progresivo endeudamiento por la vía de la emisión de bonos. El objetivo declarado, no el real, decía que era para “reducir el crecimiento de la deuda”, lo cual hoy día se prueba que tal propósito era falso. Martinelli modifica el FFD y crea al FAP. Esta es la historia y las razones verdaderas de creación del llamado Fondo de Ahorro.

Héctor Alexander, el actual ministro del MEF, quien ha presentado la ley del robo a la Asamblea Nacional, también lo fue de Martín Torrijos. Su historia de cumplir con las exigencias de las IFI’s, es probada. La calificadora Fitch Rating redujo la calificación a Panamá, y utiliza el cierra de la mina a First Quantum como una de las razones, lo cual hace sospechar que la minera y los sectores mineros internos, pudieran haber hecho lobby con Fitch. La ley del robo, que sería aprobada por los mismos diputados que aprobaron el contrato minero vende patria, trata de mejorar la calificación, y responde a garantizarle al capital financiero, a los acreedores, que Panamá puede pagarles, así sea robándole el dinero a los panameños. Para esto se creó el FFD-FAP. Por eso insistimos en denunciar la irresponsabilidad del manejo de la deuda y de las finanzas públicas, el sometimiento de la política económica a las IFI’s - calificadoras, y en la necesidad de hacer un audito de la deuda y deslindar responsabilidades para castigar ejemplarmente. Las finanzas privadas y la de sus empresas no la manejan así, pero los fondos públicos creen que los pueden administrar como les da la gana. Ya en los inicios de la república hubo el robo del llamado “Fondo Constitucional”, el “Fondo para la Posteridad”, dinero que era del pueblo panameño; no podemos permitir que nos sigan robando quienes gobiernan el país.