La FDA y el perro que no ladró

En “Silver Blaze”, el cuento de Arthur Conan Doyle, su famoso personaje Sherlock Holmes deduce una pieza clave para resolver el misterio de dicha historia a partir del hecho de que la noche del evento en cuestión, el perro no ladró, en circunstancias en que se esperaría que lo hubiese hecho. Holmes infirió a partir de ese “curioso incidente”, que el misterioso autor del crimen le era conocido al perro. En inglés la expresión “el perro que no ladró” es usada, pues, en referencia a ese cuento de Doyle, para indicar una situación en que la inacción de una persona o institución es en sí una importante pieza de inteligencia para hacer inferencias acerca de las verdaderas lealtades e intenciones de personas, en situaciones de irregularidades de diversa índole.

La semana pasada, la revista médica BMJ (antes “British Medical Journal”) publicó un artículo de periodismo investigativo en que revela graves irregularidades en una empresa contratista de Pfizer para el desarrollo del ensayo clínico de su vacuna anti-COVID-19. Las irregularidades comprenden, entre otras cosas: falsificación de datos, violación del “ciego”, omisión en protocolo de reportar efectos adversos en el grupo que recibió la vacuna.

Pero hay algo más grave aún: la persona que informó de esto a BMJ, y que trabajaba para la compañía contratista de Pfizer, alertó a la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) de las irregularidades, pero la FDA no ordenó inspección alguna ni reportó absolutamente nada sobre las supuestas irregularidades, en ninguno de los documentos que sirvieron para los comités de expertos que hicieron las recomendaciones sobre la vacuna anti-COVID-19 de Pfizer. De hecho, el alertador fue despedido por la compañía contratista el mismo día en que aquel había enviado el correo a la FDA alertando de las irregularidades. Esta es una coincidencia bastante extraña, ¿no cree usted?

En típica operación de control de daños, luego de que BMJ revelara esto, algunos apologistas oficiosos han intentado minimizar la gravedad de lo revelado por BMJ, indicando que el contratista en cuestión solo administró sitios que en conjunto representaron una cantidad relativamente menor de sujetos del ensayo clínico de la vacuna Pfizer (unos 1000 sujetos en total, cuando el ensayo abarcó unas 44 000 personas). Imagínese usted que, en una entidad estatal, un alto oficial reporta al departamento de auditoría de la Contraloría, que en X departamento, en el que labora el alertador, se está dando un esquema de apropiación indebida por parte de varios empleados de la entidad oficial en cuestión. Imagine usted también que el mismo día que el alertador interno envía esta alerta por correo electrónico al departamento de auditoría de la Contraloría, el alertador es despedido horas después por su jefe inmediato. E imagine también que meses después de estos hechos, la Contraloría no ha ordenado inspección ni auditoría alguna al departamento en cuestión. Y meses después, un reportaje de periodismo investigativo destapa que en la entidad pública en cuestión se está perpetrando un esquema de apropiación indebida, y la explicación que da la Contraloría sobre el porqué no investigó nada, habiendo recibido las denuncias del alertador, es que los montos indebidamente apropiados son montos relativamente pequeños.

Volviendo a lo reportado por BMJ, acá estamos hablando de una industria que ya ha incurrido antes -y esto está ampliamente documentado- en falsificación sistemática de datos, con el fin de ocultar efectos adversos. Por mencionar tan solo dos ejemplos recientes, ocurrió ya con el escándalo de los opiáceos (ver “Opiáceos y farmacéuticas: una trama de engaño y muerte”, La Estrella de Panamá, 07.09.2019, y “¿Guías médicas manipuladas en la OMS?”, La Estrella de Panamá, 18.01.2020), y con el fiasco del oseltamivir, este último, justamente en medio de otra pandemia declarada por la OMS (sobre esto escribí también en “Oseltamivir: el fiasco del antigripal milagroso”, 17.08.2019).

Empresas que han sido condenadas reiteradamente por falsear datos para exagerar beneficios de sus fármacos, por ocultar evidencia de efectos adversos, por sobornar médicos para promover fármacos fuera de etiquetado, y otras prácticas ilícitas que resultan en muerte y daño en personas. Pero nunca nadie va preso, y las condenas son en multas que, aun cuando son por montos de billones de dólares, son montos irrisorios en el contexto de los billones y billones que generan estas compañías gracias a dichas prácticas deshonestas y antiéticas. Aun cuando son multadas, aplica aquello de que la casa pierde y se ríe.