Ética pública, necesidad urgente

Las realidades del comportamiento de los panameños durante el desarrollo de la pandemia de la COVID 19, no son distintas de las históricas de nuestro país. Estamos acostumbrados al juegavivo característico de nuestra idiosincrasia y, por lo tanto, a procurar manejar todos los asuntos de la vida nacional a nuestra conveniencia individual.

La pandemia ha puesto de manifiesto que los problemas existentes son los mismos que se han venido repitiendo siempre, solo que ahora ha sacado a la luz pública lo mejor y lo peor de los panameños como seres humanos. Valores como la solidaridad, empatía, respeto y cooperación son evidentes, tanto de autoridades de Salud como de muchos individuos. Por otro lado, vemos irresponsabilidad, desobediencia civil y falta de respeto, con el uso de las redes sociales como frente de ataque, incluso con información falsa, al punto de que se ha puesto en riesgo la integridad personal de miles de ciudadanos.

Pareciera que no hemos aprendido la lección, pues seguimos con el mismo patrón de conductas de muchos funcionarios, que conduce a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder. Al hacer negocios, trabajar en la empresa privada y trabajar para el Gobierno, la viveza parece ser parte del ADN nacional de muchos panameños. La ética en general es la forma en la que la ponemos en práctica, ya sea en el ámbito público o privado.

Hace poco fueron evidenciados actos de funcionarios que violaron las normas éticas del servidor público, establecidas en el Decreto Ejecutivo n.º 246 de 15 de septiembre de 2004, por el cual se dicta el “Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos en las entidades del Gobierno Central”, establecido como política permanente en la administración del Estado. Establece principios y valores deseables de ser aplicados en la conducta de las personas que desempeñan cargos de todos los niveles en el Gobierno. También están los códigos y reglamentos establecidos por las instituciones descentralizadas y autónomas.

La ética del servidor público responde a dos aspectos fundamentales: una obligación de carácter moral que es propia de los individuos, es decir, la conciencia que debe tener el servidor adecuando sus actos a las normas de conducta, identificadas con aspectos de integridad, responsabilidad y cumplimiento del deber. El segundo aspecto, se refiere a la amenaza que conduce a la aplicación de sanciones, para el caso que el desempeño del cargo violente o se aparte de las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, que lo hagan acreedor a una sanción penal o administrativa.

En cumplimiento de sus funciones y deberes, los servidores públicos, en especial aquellos con mando, están obligados a desarrollar su actividad con apego a dichas disposiciones. Por naturaleza, deben contar con el perfil profesional acorde con las funciones que habrán de desarrollar, así como orientar su actuación hacia principios de ética pública al ejercer su cargo, con estricto apego a la normativa que rige la administración del Estado, dirigida a alcanzar y mantener los objetivos estratégicos de la nación.

En momentos tan cruciales, como los que vivimos actualmente a nivel mundial, por la pandemia que nos agobia, lo que menos se espera de un funcionario son actos deshonestos, o que riñan con los principios y valores que rigen su accionar en el cumplimiento de sus funciones.

Cuando una persona es elegida por el voto popular, los ciudadanos depositan en él su confianza y exigen que su comportamiento esté a la altura de sus expectativas. Faltarle a su cumplimiento, es la principal causa del desencanto y desmoralización de los ciudadanos, tendientes a escuchar, por otro lado, los ataques producidos por criterios políticos partidistas, que nada tienen que ver con la preocupación por el bienestar público y social de los ciudadanos.

Justificadamente o no, el desprestigio y la corrupción son términos asociados casi de manera automática a la figura del servidor público. En ocasiones, la falta de credibilidad generada por comportamientos o acciones no adecuadas o deshonestas, han generado en la opinión pública el rechazo inmediato. Los escándalos de los últimos Gobiernos, por malos manejos de los fondos públicos y de abuso de los bienes del Estado, son muestra de lo mucho que hay que cuidar las acciones cuando se desempeñan cargos públicos.

En consecuencia, gran importancia deben dar los funcionarios a sus actuaciones, basándolas en los principios que la ética pública exige. Solo así podrán ganar el respeto de los ciudadanos, al cumplir con las funciones para las cuales fueron electos o designados. Así sea.