Estados Unidos no tiene ningún derecho económico sobre el Canal

Los recientes ataques del señor Trump, así como del Senado norteamericano, han intentado argumentar que los Estados Unidos tienen derechos sobre el Canal, debido a que habría sido ese país el que lo construyó, mientras que el expresidente Carter lo entregó sin ninguna contraparte adecuada.

Por comenzar es totalmente falso que el expresidente Carter lo entregó. Los Tratados Torrijos-Carter simplemente significaron la recuperación del Canal por parte de Panamá. Más aún, ya antes de la reversión los Estados Unidos habían perdido todo derecho de reclamo económico sobre la ruta interoceánica. Esto lo demostraron en su momento algunos panameños patriotas, así como organismos vinculados a las Naciones Unidas.

Es así, para dar un ejemplo de lo anterior, que el economista panameño Boris Blanco, en su ensayo titulado El Canal de Panamá en la Economía Norteamericana (1971), estableció que “la inversión neta directa del Gobierno de Estados Unidos en el Canal era de 368 millones de dólares al 30 de junio de 1955, mientras que la ganancia neta de 1915 a 1956 fue de 543 millones de dólares”. De ahí el autor sigue argumentando que “la amortización de la inversión de 368 millones de dólares computada a un rédito de 2,0 % con 40 pagos anuales de 13.45 millones, resultaría en un pago total de 538 millones durante el período de amortización. De esto Blanco concluye que: “las ganancias netas acumuladas del Canal hasta el año 1954 habrían sido suficientes para cancelar totalmente la deuda del Canal.”

Un elemento interesante de como los beneficios del Canal eran utilizados por los Estados Unidos, es que los mismos pagaban la totalidad de los gastos del gobierno colonial que operaba en la Zona del Canal. Es así que, para ejemplificar la situación, en 1965 del total de ingresos netos de la operación del Canal el 12,7 % se utilizó para financiar el gobierno colonial.

Para entender con más precisión el tema que nos preocupa es necesario recordar que el Canal de Panamá, en la medida que permite costos de transporte y tiempo superiores a las rutas alternativas, tiene la capacidad de generar una renta diferencial, cuyo tamaño queda determinado por esa diferencia de costos. El problema, entonces, está en quien se apropia y beneficia de esa renta.

Durante el manejo colonial del Canal por parte de los Estados Unidos este se manejó como una utilidad pública, por lo que su objetivo no era maximizar las posibles ganancias captando la renta diferencial. El objetivo central fue el de una política de peajes baratos, que sirviera de subsidio a el tránsito de mercancías desde y hacia ese país. Se trataba de un subsidio del Estado norteamericano, que se lograba a costa de la renta diferencial del recurso natural panameño.

Teniendo esto en cuenta se puede señalar que una forma de medir la renta diferencial extraída a Panamá es el monto de los llamados ahorros de los usuarios del Canal de Panamá en la medida que transitan por el mismo. En 1972 la Cepal, en un estudio titulado Ahorro que obtienen los usuarios del Canal de Panamá, realizó un minucioso trabajo para cuantificar de manera científica los montos de dicho ahorro.

Según el estudio citado solo entre 1960 y 1970 el ahorro logrado por los usuarios, que expresó la renta diferencial perdida por Panamá, alcanzó a un promedio anual de 400 millones de dólares, los que tendrían un poder adquisitivo actual de 5,192.8 millones de dólares. El estudio también calculó que en 1970 ese ahorro de los usuarios (pérdida de renta diferencial para Panamá) fue de 620 millones de dólares, que actualmente representarían un poder adquisitivo equivalente a 6,570.5 millones de dólares.

Queda claro que los Estados Unidos durante su administración colonial del Canal de Panamá, no solo recuperó con creces su inversión. Adicionalmente, explotó a Panamá privándolo de miles de millones de dólares, con el fin de subsidiar su comercio exterior y potenciar su poderío naval.

A todo esto, se debe agregar que todas las inversiones realizadas en el Canal de Panamá bajo la administración panameña de la ACP, incluyendo la ampliación del mismo, fueron cubiertas con financiamiento logrado por esa entidad. Que el Canal sea operativo al nivel actual no tiene absolutamente nada que ver con algún esfuerzo financiero del gobierno norteamericano.

Entonces, se trata de una lucha que debe ser guiada con espíritu nacional y popular. La misma implica defender nuestro Canal frente a los objetivos de dominación del imperio. Asegurarnos que internamente las cosas cambien para que los excedentes del mismo sirvan para el desarrollo nacional democrático, con justicia social, evitando que los mismos sean utilizados para que los empresarios evadan los impuestos, a la vez que los políticos hacen clientelismo.