El espejo Bukele

Nos intoxicamos viendo con frecuencia a delincuentes atentar contra nuestra seguridad y escuchamos por doquier clamar a personas de toda condición que no es posible tolerar más la creciente y desalmada violencia.

Dado el calvario que padecemos, resulta imposible no contrastarlo con la persecución y encarcelamiento de las maras y demás delincuentes salvadoreños. En campaña, Nayib Bukele ofreció erradicar el cáncer y entendió que no se puede hacer tortillas sin romper huevos. Su Gobierno modificó leyes, equipó a las fuerzas del orden, las protegió legalmente y las insufló de una mística de sanación patriótica para alcanzar y garantizar el orden y la paz de su sufrido país.

Desde el 22 de mayo del año pasado, el Congreso salvadoreño decretó catorce veces el estado de excepción. También, a velocidad china, construyó la cárcel más segura y moderna de América Latina y recluyó a más de 70 000 presuntos maras y delincuentes -varios miles perseguidos por la justicia-, que aparecen contra el suelo en paños menores; imágenes que a muchos en la región despierta envidia.

Muy motivados dichos encierros, diversas organizaciones que se atribuyen la defensa de derechos humanos siguen gritando sin respirar. Seguramente los reclamos tienen amparo normativo internacional, pero el joven presidente -hijo de un predicador palestino- claramente ha optado por el derecho y la seguridad de las grandes mayorías salvadoreñas y no por todos los derechos de quienes secuestraron a su país desde hace décadas.

En noviembre pasado del 2022, las autoridades salvadoreñas anunciaron la quinta fase del Plan de Control Territorial, disponiendo 14 000 efectivos militares y 500 policías para ello. Esta fase consiste en cercar ciudades enteras para capturar a pandilleros y otros delincuentes.

Asesinado hace escasos días un policía en la ciudad de Nueva Concepción, el Gobierno dispuso un impresionante cerco militar compuesto por 5000 militares y 500 policías solicitando la identificación de muchos ciudadanos para capturar a los autores.

Bukele entonces afirmó “Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, consigna que no dejó lugar a dudas de sus intenciones que, según todas las encuestas, goza de una altísima popularidad en todos los estamentos sociales y etarios. Valga la salvedad, el aplauso de hoy le puede costar la cárcel de mañana y él lo sabe, pero está dispuesto a pagar tan alto precio.

Por cierto, la renovada crítica internacional llegó velozmente, cual mensaje de texto. Capturados muchos delincuentes y presuntos delincuentes, según la información oficial, defensores de los derechos humanos del primer mundo -bien apoltronados y financiados con dudosos o direccionados fondos- acusaron al presidente salvadoreño de violar los derechos humanos de los victimarios, silenciando cuando no, los propios de las víctimas.

¡Qué fácil les resulta criticar desde un lujoso rascacielos o haciendo picnic en un parque mientras observan una bella mujer escasa de ropas cuando en estos barrios asaltan o vacían una cacerina en 10 segundos!

Si comparamos la drástica reducción del crimen salvadoreño -que nadie siquiera duda- con el rampante salvajismo que impera en países de nuestra región, resulta obvio que somos muchos los culpables de nuestros padecimientos. La primera responsabilidad recae en nosotros, los electores, por haber encumbrado a incontables incapaces -también varios de ellos con cuentas pendientes con la justicia-, que juegan en pared con los temidos delincuentes, con los cárteles y con sus adinerados defensores.

En el primer mundo el trato que reciben quienes cometen graves delitos es muy duro. Por ejemplo, si alguien empuña un cuchillo a menos de treinta metros sin responder a la orden de alto y de desarmarse y se dirige a un policía canadiense recibe un mortal disparo. Allí, la política o la politiquería -lo que es peor- no expone ni sacrifica a quienes defienden la ley.

En varios países de la región, el Perú, por ejemplo, un policía solo puede dispararle al delincuente después de ser atacado con arma mortal, hecho absurdo y grave, ya que no garantizamos la condición y primacía legítima y legal de quienes nos custodian.

¿Qué razonamiento superior puede sostener la desprotección de la inmensa mayoría? Ninguno. Así, quienes deseamos vivir en paz estamos más que jodidos ante una insania casi sistémica.

No habiendo justicia para los deudos de los fulminados a cualquier hora por cualquier razón y ante la cocinada cultura de impunidad y estigmatización de quienes defienden el orden y la paz, sostengo que llegó el momento de desarmar a los que viven de los derechos humanos de los terroristas, de los violentistas orquestados, de los gatillo fácil, de los violadores y demás delincuentes.

El fin no justifica cualquier medio, pero anhelando las mayorías justicia y paz, resulta imposible no soñar con los logros salvadoreños. En consecuencia, bien harían los Gobiernos en escudriñar las políticas de seguridad implantadas por el Gobierno Bukele.

Atacando con determinación y eficacia las brechas sociales, prioricemos también todo lo factible de replicar, precisando derechos, incrementando penas y optimizando procesos. Afrontemos en la región el empedrado camino de exterminar la impunidad y la complicidad y abatiremos el terror que nos invade.

Resumiendo, solo gozaremos efectivamente de nuestros derechos humanos cuando tomemos el toro por las astas antes de terminar empalados por sus cuernos.