¿Por qué esconden la Ley 55?

A lo largo del debate por la renovación del contrato de concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), se ha ignorado deliberadamente el contenido y alcance de la Ley 55, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre del 2005.

Luego de la suscripción del Contrato Ley 5 de enero de 1997, por el cual el Estado dio en concesión a PPC por 25 años prorrogables los puertos Balboa y Cristóbal, en el 2002 se produjo una equiparación de las cinco concesiones portuarias. Tres años después el gobierno panameño consideró que el Estado debía cobrar una contraprestación por la infraestructura entregada.

La empresa portuaria PPC, “tomando en consideración la posición del Gobierno Nacional” solicitó en marzo del 2005 “el inicio de un proceso de renegociación de los términos del contrato” original, explicó la Gaceta Oficial del 29 de diciembre del 2005 que publicó la Ley 55.

El nuevo acuerdo, convertido en Ley de la República, estableció el pago de $102 millones en concepto de contraprestación por el derecho de uso de las infraestructuras y los puertos en operación recibidos en concesión, aunque no eran aptas para el negocio de trasbordo de contenedores.

De acuerdo a juristas expertos en temas marítimos y portuarios la Ley 55 fortaleció y le dio mayor legitimidad al contrato original de PPC. “De allí en adelante lo que seguía era borrón y cuenta nueva”, razonan los expertos.

En ese contexto, la Junta Directiva de la AMP dio respuesta la semana pasada a una solicitud de enero de este año, por medio la cual certificó la vigencia de la prórroga automática del contrato por el periodo adicional de 25 años, de acuerdo al Contrato Ley original.

La resolución de la Junta Directiva de la AMP dio a conocer que la concesionaria portuaria entregará “un aporte liberal” por $150 millones al Estado. Ese total incluye $130 millones, de los cuales $20 millones corresponden a dividendos pagados por adelantado por los próximos cinco años.

En adición, como parte de la responsabilidad social empresarial, PPC entregará $20 millones al programa educativo oficial Internet Gratuito para Todos. La AMP estimó que la empresa portuaria generará $164.4 millones al Estado en aportes durante la presente administración presidencial.

Precisamente, la resolución mediante la cual se renovó la concesión a PPC, hace referencia a la Ley 55 del 2005. Esa nueva Ley incluyó la inversión de $1,000 millones, en lugar de los $50 millones pactados originalmente. Eso fue corroborado por una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que en febrero pasado estableció que la inversión superó los $1,695 millones para elevar la capacidad de ambos puertos.

La CGR también reveló que PPC pagó $445 millones al Estado panameño en dos décadas como parte de los ingresos de facturación por movimiento de contenedores y dividendos.

En este proceso de renovación del contrato, la empresa concesionaria ha sido blanco de críticas infundadas por parte de concesionarias vinculadas a medios de comunicación, empresarios y exfuncionarios con intereses en el sector portuario.

Esos críticos desconocen en forma deliberada que PPC obtuvo la concesión porque hizo la mejor oferta al Estado y sus operaciones han contribuido a mantener precios competitivos para atraer más carga, más trasbordo de contenedores y más ingresos al país.

Por algo, el trasbordo de contenedores ha sido la estrella de la pandemia. Solo en el primer trimestre de este año los distintos concesionarios portuarios movieron 2.1 millones de contenedores, el 8,6% en relación el mismo periodo del 2020. Y ha sido clave en el abastecimiento de insumos esenciales para el combate del covid-19, contribuyendo en medio de la pandemia al crecimiento económico y social de Panamá.

En todo eso, la marca Hutchison Ports, de la que PPC es filial, ha tenido mucho que ver en la apertura del negocio portuario y en convertir a Panamá en una gran ruta del comercio marítimo internacional. La importancia estratégica de la concesionaria está en su conexión con las principales rutas mundiales. Hutchison Ports, es sinónimo de eficiencia y éxito en operaciones portuarias alrededor del planeta.

Luego de la renovación por 25 años del contrato de concesión a PPC de las terminales de Balboa y Cristóbal, lo prudente es preservar el ambiente de estabilidad social y generar seguridad jurídica para las inversiones. No hay nada que demuestra más la confianza en Panamá que la llegada de inversiones que generan empleos de calidad y aportan al desarrollo integral el país.