El nuevo gobierno y la mina

Entre los adelantos de medidas económicas que el recientemente posesionado gobierno ha anunciado, que se puede percibir como una política de choque, se destaca, junto a las reformas de la seguridad social, la idea de reabrir la mina de Donoso, supuestamente como un requisito para su “cierre ordenado”. Es así que, en los días posteriores a las elecciones generales, la prensa local e internacional citaban al presidente Mulino en el sentido de que él mismo estaba dispuesto a iniciar un diálogo directo en calma sobre la reapertura de la mina.

Así mismo, el diario La Estrella reportaba el 28 de junio de 2024, que el nuevo ministro de Comercio e Industria “se hizo eco de las palabras del presidente, José Raúl Mulino, que plantean la posibilidad de que la mina se reabriese para irla cerrando con los recursos que genere”. En el discurso de toma de posesión del nuevo presidente volvió a aparecer la idea, cuando él mismo afirmó que: “el plan de abrir para cerrar en forma definitiva la mina, segura y positiva, dependerá del resultado de este estudio (ambiental)”. El hecho es, entonces, que el gobierno entrante mantiene la idea de “reabrir la mina para cerrarla”, entendido esto como un mecanismo de autofinanciamiento del proceso.

Esta posición coincide con la de la cúpula empresarial del país, tal como se desprende de las siguientes palabras del presidente de la Cámara de Comercio: “el cierre debe hacerse de forma ordenada y autofinanciada. La mina debe comenzar a producir para pagar su propio cierre”. Se trata, a nuestro juicio, de una posición inconveniente para el país, por motivos económicos, ambientales, sociales y de soberanía nacional.

De acuerdo a nuestro actual ordenamiento jurídico, dado el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la necesaria nueva concesión para la reapertura de la mina solo sería factible si se deroga la Ley de Moratoria Minera. Esto teniendo en cuenta las cláusulas de la nación más favorecida y trato de igualdad con los inversionistas externos que fueron acordadas en los tratados de Libre Comercio, llevaría a la plena apertura del país al estilo de desarrollo minero extractivista, con sus consecuencias sobre todo el territorio nacional.

Desde la perspectiva de la justicia ecológica, volver a abrir la mina para que el supuesto cierre se autofinancie, significa que Panamá estaría permitiendo que una empresa que de manera ilegal explotó el recurso nacional, generando una significativa huella ambiental quede impune de hacerse cargo de dichos daños. Nuestro país se estaría negando el derecho soberano a exigir una justicia restitutiva.

Desde el punto de vista de los daños humanos y ecológicos hay que partir señalando, que el extractivismo es una forma de apropiación de los recursos de los países que genera significativos impactos ambientales, sociales y económicos. Como reconoce Luis Inchaustegui, defensor del extractivismo minero y exministro de Energía y Minas del Perú: “nadie puede negar que la minería genera un impacto adverso en el ambiente”.

Se puede alegar, como lo hace el exministro, que las compensaciones pueden llegar a que “el impacto sea mínimo y que los beneficios los superen”. Se trata de una forma de ver las cosas que no se corresponde a la realidad. Esto por varias razones.

Abrir la mina para cerrarla implica la extraña idea de que un impacto ambiental previo se puede resolver generando nuevas y más profundas huellas ecológicas: abrir un nuevo hueco para cerrar uno antiguo no tiene sentido. En realidad, la huella ambiental se estaría acrecentando prácticamente hasta que se agote el mineral, mientras que la empresa sigue obteniendo cuantiosos beneficios.

Entre los impactos de la mina como lo afirma Gudynas, no solo se encuentran aquellos que de alguna u otra forma, pueden ser valorados crematísticamente. También están los que siguiendo a Frank Ackerman y Lisa Heinserling, se pueden calificar de incomensurables desde el punto de vista monetario. Entre estos estarían: los impactos irrecuperables por pérdida de vidas (que no se puede reducir a simple pérdida de producción) y las enfermedades (que no se pueden reducir al costo del tratamiento médico), la pérdida de diversidad y los efectos sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, junto el daño a las fuentes de agua, entre otros. Como lo señala Gudynas en su libro “Extractivism” (2020) y Foster en su “The Dialectics of Ecology” (2024), todos estos costos se externalizan por la empresa y los gobiernos cómplices, a fin de agrandar el excedente económico del capital transnacional

La única salida correcta es el cierre inmediato de la mina, entendiendo que el costo del mismo debería ser asumido por la minera que explotó ilegalmente los recursos y generó los impactos ambientales y sociales.