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A escasas semanas del inicio de la nueva administración gubernamental de los Estados Unidos de América, Panamá se ve en el ojo de una tormenta de cuestionamientos y señalamientos, infundados y basados en imprecisiones. Al centro de una tempestad geopolítica, encontramos a nuestro país y al Canal, siendo nuestra principal defensa la verdad histórica y la legalidad de nuestro proceder.
La lucha del pueblo panameño para la recuperación plena de su soberanía territorial y la administración del Canal, son hechos vitales para nuestra identidad como nación. Como país debemos reflexionar sobre el camino recorrido para fortalecer nuestra postura y defensa internacional.
El Tratado Hay-Bunau Varilla, suscrito al albor de la República, garantizaba la independencia de Panamá, y permitía el desarrollo de un Canal cuyo servicio fuese en favor del comercio de todas las naciones. Dicho tratado concedía a los Estados Unidos el uso, ocupación y control de la Zona del Canal, sin que esto supusiera un traspaso de propiedad o titularidad. Es decir, dicho territorio siempre ha pertenecido a Panamá, aun cuando hubiese sido cedido en uso a perpetuidad.
El Tratado de 1903 establecía una relación totalmente asimétrica a un desproporcionado costo, lesivo a los intereses nacionales de Panamá, por lo que el siglo XX panameño fue dedicado a una lucha generacional para la recuperación de su territorio. Esta lucha se elevó a las más altas tribunas diplomáticas lográndose el Tratado Remón-Eisenhower, el Acuerdo Chiari-Kennedy, la negociación de los Proyectos de Tratados Robles-Johnson, y la firma del Acuerdo Tack-Kissinger, allanando el camino de un nuevo marco normativo para el Canal. La causa nacional fue acogida con arrojo por los panameños, quienes escribieron con sangre históricos capítulos como la siembra de banderas, la Operación Soberanía y la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, con el firme propósito de lograr la reivindicación nacional sobre el Canal.
Producto de esta lucha, enmarcada en la justicia, legalidad y diplomacia, se suscriben en 1977 los Tratados Torrijos-Carter, a fin de sustituir el Tratado de 1903, establecer un marco normativo para la devolución del Canal y el territorio aledaño a manos panameñas, y garantizar la neutralidad de la vía interoceánica. El advenimiento de estos tratados no correspondió únicamente a Carter, quien tuvo la honrosa y digna tarea de suscribirlos, fue producto de una política sostenida de múltiples administraciones americanas, que reconocieron la necesidad de lograr una resolución positiva a la cuestión canalera. Presidentes Demócratas y Republicanos, incluyendo a Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon y Ford, predecesores de Carter, dieron importantes pasos para lograr los Tratados Torrijos-Carter.
El Tratado del Canal, que abrogó y sustituyó el Tratado de 1903, estableció un proceso ordenado de transición de la administración del Canal y reversión del territorio de la extinta Zona del Canal. La República de Panamá tendría una participación creciente en la administración, protección y defensa del Canal, hasta que al mediodía, hora de Panamá, el 31 de diciembre de 1999, se completó el traspaso, dando por terminado el Tratado e iniciando la nueva era del Canal panameño.
Por su parte, el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, se mantiene plenamente vigente. Este instrumento garantiza la neutralidad del Canal para que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad. La República de Panamá ha sido celosa guardiana de la neutralidad de la vía interoceánica, manteniéndola abierta al tránsito internacional. La naves de guerra y naves auxiliares de Panamá y Estados Unidos mantienen derecho de transitar de modo expedito, como un reconocimiento a las importantes contribuciones hechas por ambos países a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal. En la Organización de los Estados Americanos reposa un protocolo suscrito por cuarenta Estados que se han adherido a los objetivos del tratado, conviniendo en respetar el régimen de neutralidad. Pretender fijar tarifas o peajes especiales a cualquier nación, supondría una violación a la neutralidad, fielmente preservada por Panamá.
La importancia estratégica del Istmo de Panamá es innegable. Sus particularidades geográficas nos han convertido en un territorio de tránsito desde la época colonial española. Como el punto más estrecho del continente, conectando a los Océanos Atlántico y Pacífico, Panamá ha servido por siglos al comercio mundial. El Camino Real y de Cruces, las Ferias de Portobelo y el Ferrocarril Transístmico son prueba esto. Durante el siglo XIX intereses americanos y europeos impulsaron la construcción de un canal interoceánico con miras a facilitar el comercio y tráfico de mercancías entre las costas del Atlántico y Pacífico. La iniciativa centenaria de construir un canal en el Istmo fue una decisión determinantemente geopolítica. Crear este paso entre los mares suponía una primacía comercial y naval para un Estados Unidos que despertaba como potencia.
Hoy, un siglo después, se reafirma nuestra importancia estratégica y geopolítica. El Canal de Panamá, al centro del hemisferio y en el ojo de la tormenta, debe ser defendido con las herramientas que tenemos a mano: nuestra verdad histórica, la legalidad y el Estado de Derecho. Los Tratados del Canal han cumplido su cometido y Panamá ha salvaguardado exitosamente la vía por veinticinco años. No hay necesidad o espacio para renegociación. Reconozcamos nuestro valor geopolítico, garanticemos la neutralidad de la vía interoceánica, e impulsemos la unidad nacional en defensa de nuestro Canal.