El rol del Estado, empresas y consumidores en una economía de mercado

El rol del Estado, como regulador de un sistema de libre mercado, debe estar dirigido a facilitar la libre competencia donde esta funcione eficientemente.

Si bien en la mayoría de las actividades económicas, la competencia en el mercado resulta el medio idóneo para asignar de forma eficiente recursos escasos, cuando no sea el caso, por ejemplo, en actividades económicas caracterizadas por requerir inversiones iniciales importantes con un elevado componente de costos fijos, y que por tanto, en el nivel de demanda existente sea más económico que opere una sola empresa a que operen dos o más, se debe pasar de una competencia en el mercado a una competencia por el mercado, organizando una subasta competitiva para asignarlo y regular de forma eficiente al ganador de este proceso, a efectos de anular cualquier posibilidad de abuso futuro contra los consumidores.

Los Estados necesitan comprar insumos y realizar inversiones para su funcionamiento, las cuales tienen un peso importante en el presupuesto nacional. Un sistema de compras públicas que favorezca la competencia generará importantes ahorros de recursos en comparación con un sistema de compra directa. Los recursos son finitos, por lo que al tratarse de fondos públicos hay que tratar de maximizar su impacto y minimizar su monto, para evitarnos ajustes más difíciles a futuro.

Las conductas anticompetitivas empresariales, como los acuerdos entre competidores para no competir entre ellos, las acciones excluyentes de competidores por parte de empresas con poder de mercado o las integraciones empresariales que comprometen la competencia futura en los mercados en los que participan, al facilitar la realización de prácticas anticompetitivas, ocasionan una pérdida neta de bienestar para la sociedad, y por lo tanto, el Estado tiene el deber de disuadir este tipo de comportamiento, través de una política de competencia que promueva y defienda la libre competencia en o por el mercado, según corresponda.

Una política de competencia eficaz, pasa por contar, por un lado, con un instrumento jurídico acorde a los tiempos actuales, que permita disuadir eficaz y oportunamente la realización de prácticas anticompetitivas, que tenga facultades para bloquear o condicionar las integraciones empresariales que afecten negativamente la competencia futura y, cuente con facultades de promoción de la competencia y; por otro lado, con una autoridad con autonomía, independencia, capacidad técnica, recursos suficientes y con el deber de actuar de forma transparente.

En un mercado en competencia, los incentivos a competir se verían desdibujados, si el consumidor es indiferente entre elegir la oferta del más eficiente o elegir la oferta del menos eficiente. Para una economía de mercado, este sería el peor escenario posible: el consumidor no obtendría los beneficios de la libre competencia; el oferente más eficiente perdería los incentivos a continuar siendo eficiente, porque no obtiene beneficios por serlo; y por último, el oferente menos eficiente no enfrentaría los incentivos para ser eficiente.

Las empresas participantes también tienen un rol clave que jugar, más allá del deber de no infringir la ley, deben mostrarse activas denunciando los actos que tengan por objeto o efecto, distorsionar la competencia. Los costos de incumplir las normas de competencia van más allá de las sanciones monetarias impuestas, como la perdida de reputación y valor accionario. Las acciones de autorregulación, como la adopción de programas corporativos de conformidad con la ley de competencia, permiten a las empresas tener un rol más activo en pro del funcionamiento eficiente de los mercados.

*El autor es economista