El Canal de Panamá: ¿ruta soberana o activo económico?

La devolución del Canal de Panamá a manos panameñas, en 1999, representó un hito de soberanía nacional, producto de una ardua lucha política y social. Sin embargo, más allá del reconocimiento de esta transferencia como un triunfo de los ideales nacionalistas y del derecho internacional, han surgido cuestionamientos contemporáneos relacionados con la administración de los recursos generados por la vía interoceánica. Si bien la soberanía y los tratados internacionales deslegitiman cualquier pretensión de Estados Unidos sobre el Canal, un tema que genera creciente preocupación es la corrupción en la utilización de los fondos provenientes de este, lo que ha encendido alarmas y generados debates en el ámbito nacional e internacional.

Desde la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla en 1903, el control del Canal de Panamá estuvo en manos de Estados Unidos, que lo administró como una pieza clave de su estrategia comercial y militar. Esta situación generó un fuerte sentimiento de indignación entre los panameños, quienes vieron en ello una imposición colonial que limitaba su soberanía. Las tensiones alcanzaron un punto álgido con la “Gesta Patriótica” de 1964, un evento que puso en la agenda global la necesidad de resolver las desigualdades derivadas del control estadounidense. El resultado de décadas de luchas fue la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, que establecieron el cronograma para la transferencia completa del Canal a Panamá.

El 31 de diciembre de 1999, Panamá asumió el control absoluto de la vía, convirtiéndola en un recurso esencial para el desarrollo económico del país. Desde entonces, los ingresos generados por el Canal han sido una fuente de financiamiento para programas estatales, infraestructura y servicios públicos, consolidándolo como un motor de desarrollo nacional.

Estados Unidos no puede reclamar la propiedad del Canal de Panamá debido a las disposiciones claras de los Tratados Torrijos-Carter, que son vinculantes bajo el derecho internacional. Estos acuerdos fueron ratificados por ambos países y cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional. Además, el tratado de neutralidad permanente garantiza el acceso libre y seguro a todas las naciones bajo la administración panameña, lo que refuerza la legitimidad de Panamá sobre la vía interoceánica.

Cualquier intento de desconocer este marco jurídico no solo carecería de sustento legal, sino que también pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre las naciones, así como la confianza de la comunidad global en los principios del derecho internacional. Por lo tanto, las bases legales y soberanas son incuestionables.

La cesión del Canal de Panamá a manos panameñas se fundamentó en principios internacionales de gran relevancia, entre ellos el respeto a la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Estos valores, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sirvieron como eje central para las negociaciones que llevaron a la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Además, la creciente presión internacional y las luchas sociales en Panamá, que denunciaban el carácter anacrónico e injusto del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, reforzaron la necesidad de rectificar la relación entre ambos países. Estados Unidos reconoció que mantener el control perpetuo del canal contravenía los ideales de justicia y equidad que buscaba promover en la región. Este cambio de postura permitió consolidar un acuerdo basado en la cooperación y el respeto mutuo, garantizando tanto los intereses estratégicos de Estados Unidos como los derechos históricos y legítimos de Panamá sobre su territorio.

A pesar de las sólidas bases legales y los beneficios económicos que el canal ha proporcionado al país, ha surgido una preocupación creciente en torno a la corrupción en la administración de sus fondos. Durante las últimas décadas, se han denunciado casos en los que los ingresos del Canal han sido desviados o mal utilizados por actores políticos y administrativos. Estos señalamientos han despertado críticas tanto dentro como fuera del país, poniendo en duda la capacidad del gobierno panameño para manejar con transparencia este recurso estratégico.

Un informe reciente de organismos de transparencia internacional destaca cómo los fondos del canal han sido utilizados en proyectos que no cumplen con estándares adecuados de licitación o fiscalización. En algunos casos, los recursos han sido vinculados a sobornos o gastos no justificados en campañas políticas, lo que ha deteriorado la confianza pública en las instituciones del país. Esta percepción de corrupción ha encendido alarmas, incluso en sectores que tradicionalmente confiaban en la administración panameña.

La corrupción en el manejo de los recursos del canal no solo afecta la imagen de Panamá en el ámbito internacional, sino que también genera vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por actores externos para cuestionar la capacidad del país para gestionar este bien estratégico. Si bien la devolución del Canal fue un acto de justicia histórica, el mal uso de sus ingresos representa una amenaza para la soberanía y la estabilidad económica que este representa.

A pesar de que la devolución del Canal de Panamá en 1999 se llevó a cabo en cumplimiento de los principios socio-políticos dominantes de la época, como la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, es importante reflexionar sobre cómo las prioridades globales pueden cambiar con el tiempo. En aquel momento, la transferencia del canal simbolizó un acto de justicia histórica y una reivindicación de los derechos panameños. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por guerras económicas y competencia global por recursos estratégicos, los conceptos de “activo económico” y “interés nacional” han adquirido una preponderancia que a menudo supera las nociones de justicia y moralidad.

Esta realidad plantea preguntas sobre cómo los recursos como el Canal de Panamá, cruciales para el comercio mundial, pueden ser objeto de tensiones geopolíticas, especialmente en tiempos de crisis. Mientras que en 1977 la firma de los Tratados Torrijos-Carter representaba un modelo de cooperación internacional y respeto a las reglas del derecho, hoy se observan movimientos internacionales que priorizan los intereses económicos por encima de acuerdos previamente establecidos. Así, el canal se posiciona no solo como un símbolo de soberanía, sino también como un punto estratégico que podría ser objeto de presiones externas si las dinámicas globales continúan relegando los principios éticos en favor de la utilidad económica.