¿Dos mil millones para que caiga más lluvia?

En septiembre de 2019, los campesinos del oeste del Canal de Panamá tuvieron que protestar en las calles capitalinas para, con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica, impedir que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) embalsara el río Indio e inundara sus comunidades y tierras.

Después de que el coronel George Goethals terminó de construir el Canal, el Gobierno estadounidense siempre escogía a un experimentado ingeniero militar para que fuese el administrador del Canal, ya que, más que un proyecto para obtener grandes ganancias, era un proyecto de interés militar, y lo más importante era que el Canal siempre estuviera bien operado y protegido. Hace cien años pensaban que convenía mantener intacta la flora en el área canalera, ya que ella serviría como un primer obstáculo para impedir la llegada hasta el canal de algún posible ejército invasor. Hoy día, sabemos que la mayor amenaza al Canal es el cambio climático.

Pareciera que fue ayer cuando un administrador de la ACP escogido por un Gobierno PRD declaró que el Sistema de Contrataciones de la ACP para el proyecto de la Ampliación del Canal era “impenetrable”; pero un mes antes de abrir los sobres con las propuestas de los consorcios competidores, el presidente de una compañía italiana integrante del consorcio que ganó la licitación con una propuesta ridículamente baja, alardeaba públicamente que su consorcio había obtenido el mayor puntaje técnico. Aparentemente nuestros funcionarios y políticos corruptos daban sus primeros pasos en su intento de administrar el Canal como si fuera un botín de guerra.

Gracias a Dios que, poco después de adjudicado el contrato, cambiaron al administrador de la ACP de ese momento, cuya familia era y es dueña de una compañía constructora panameña que también formaba parte del consorcio al que le habían adjudicado el contrato; porque, de haber quedado el mismo administrador, probablemente todavía estaríamos pagando los numerosísimos reclamos que dicho consorcio efectivamente sometió desde que empezó a trabajar.

Parece mucha coincidencia, pero el actual administrador de la ACP, también escogido por el actual Gobierno PRD, rápidamente anunció otro proyecto para asegurar la sostenibilidad hídrica en las operaciones del Canal y garantizar el suministro de agua potable a la mitad de la población panameña para los próximos 50 años; proyecto cuyo costo la ACP estima en la menudencia de B/2 mil millones. O sea, una inversión billonaria, sin especificar detallada y públicamente en qué consiste el trabajo ni quiénes pudieran resultar afectados.

¿Por qué tanta reserva para revelar los pormenores de un proyecto del que solo dicen que garantizará “el suministro de 1400 millones de metros cúbicos de agua a partir de 2025” (así de exacta la cantidad de agua) y cuya principal obra costará B/1.8 billones, lo que también pudiera ser un embalse y/o una hidroeléctrica?

Lo peor es que, con un nuevo embalse, una represa hidroeléctrica empeoraría el calentamiento global, ya que dicha energía es renovable pero no es nada limpia, debido a que la flora sumergida en embalses produce gas metano, que constituye un 8 % de los gases que contaminan nuestra atmósfera, lo que reduciría aún más la precipitación pluvial.

Cuando en el año 2006 la ciudadanía aprobó la construcción del tercer juego de esclusas, la ACP y el Gobierno PRD aseguraron que con las ganancias que produciría ese proyecto llenarían el país con escuelas y hospitales; pero ahora dicen que primero necesitan B/2000 millones adicionales para recolectar suficiente agua. Así que, si primero no cumplen su promesa, sería preferible que buscaran un grupo de experimentados “danzantes de la lluvia” para hacer quizá un mejor trabajo con una inversión un millón de veces menor.

Finalmente, alentamos al presidente Cortizo a que lea el artículo “Doce razones para excluir grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables”, que puede encontrar en https://www.rivernet.org/general/hydropower/12reasons.pdf.