Diputados pretenden debilitar la ley que protege el Canal

El 8 de agosto 2020 CIAM (Centro de Incidencia Ambiental) propició una videoconferencia Zoom, un diálogo ciudadano sobre la acción de diputados de la Asamblea Nacional de debilitar a la Ley 21 de 1997.

Los diputados proponentes explican que la pandemia de COVID-19 ha causado una crisis económica y laboral en Panamá y proponen un plan para solucionarla. Su plan es promocionar un uso de suelo que genere empleos e ingresos a través del desarrollo de una franja de 100 metros a ambos lados de la carretera Transístmica, entre Alcalde Díaz y Chilibre. Promueven “turismo y desarrollo económico”.

Aquí hay conflicto. La Ley 21 define el área seleccionada como parte de la cuenca hidrográfica del Canal y el uso de suelo asignado es “rural”. Los diputados sabían esto y lo ignoraron. En su propuesta incluyen además que aquellas actividades económicas que actualmente se encuentran en las franjas de 100 metros, violando a la Ley 21, podrán ser legalizadas con esta acción legislativa.

Los proponentes no explican nada sobre la actividad de turismo que planea explotar ni muestran estudios de cómo el ingreso económico aumentaría. No se tiene información del potencial presente ni futuro de ninguna actividad turística a orillas de la carretera Transístmica.

No dan detalles de cómo la pandemia de COVID-19 está afectando el área descrita ni qué pasos de salud pública se están tomando en el área para recibir el turismo que prometen.

La propuesta es contraria a la Ley 21 que define y ordena el uso “rural” para esa área. Los diputados proponen sacrificar a la cuenca, a un deterioro acelerado, para corregir la crisis de la pandemia, que es temporal. Sin embargo, la Ley 21 defiende la idea de que el uso de la cuenca debe ser consistente con la conservación ambiental a largo plazo para la perdurabilidad del Canal y la calidad del agua. La Ley 21 protege la actividad económica multimillonaria del Canal de Panamá.

La reunión tenía a cinco panelistas y más de 150 personas que participaron. Los panelistas eran mayoritariamente miembros de asociaciones comunitarias de las áreas revertidas y de la cuenca del Canal y una abogada ambientalista de CIAM. Los que asistieron al Zoom eran residentes del área canalera, Panamá norte y oeste, miembros de otras asociaciones comunitarias e independientes.

La acción de los diputados proponentes fue cuestionada desde varios ángulos.

En el año 2007, funcionarios del Miviot, en contubernio con diputados, alteraron la Ley 21, para promover la construcción de edificios que la Ley 21 normaba como ilegal. Tomó nueve años de lucha ciudadana reestablecer las normas afectadas en la Ley 21. En el 2015, la CSJ falló a favor de la demanda presentada por comunidades de las áreas revertidas sobre que el ataque contra la Ley 21 era inconstitucional. Los daños urbanísticos y al medio ambiente todavía persisten.

Ahora, trece años más tarde, diputados retoman su ataque contra la Ley 21. Los ciudadanos cuestionan las intenciones de los diputados proponentes. Es evidente que están dispuestos a sacrificar el bienestar del Canal y de su agua para permitir acciones de dudoso valor. Los ciudadanos piden explicación de los diputados. Opinan que sus actos son independientes de las acciones del Órgano Ejecutivo para combatir la pandemia. Pretenden reactivación económica sin mencionar o atender el problema de salud pública causado por la pandemia de COVID-19. Su plan favorece el caos urbano, al no tomar en cuenta las normas de desarrollo urbano que deberían ser administradas por las autoridades municipales.

Referente a la Ley 21, la alteran, ignorando las repercusiones. Violar la Ley 21, como pretenden los diputados, es mucho peor que un simple acto ilegal. No parece importarles dañar joyas panameñas como su gente, el Canal, bienestar y tranquilidad nacional.