Desigualdad social en Panamá

Diversas investigaciones sobre la desigual distribución de la riqueza en Panamá evidencian la urgente necesidad de abrir muchos caminos y cerrar muchas brechas. “Según el Banco Mundial, hace 15 años el 20 por ciento de las familias panameñas más ricas recibían el 62.7 por ciento de los ingresos totales del país. Mientras tanto, el 20 por ciento más pobre tenía sólo el 1.5 por ciento de los ingresos. Según la Contraloría General de la República, entre 1997 y 2012 la desigualdad se multiplicó por lo menos tres veces. Significa que el quintil más rico ahora concentra por lo menos el 78 por ciento de la riqueza del país y el 20 por ciento más pobre sólo tiene el uno por ciento de los ingresos. El 60 por ciento restante de la población (los menos pobres y la clase media menos acomodada) tendría el otro 20 por ciento de los ingresos del país”, (Gandasegui, 2013). En el 2015, según el reporte oficial, titulado “'Distribución de ingresos de los hogares', el 10% de las familias más ricas de Panamá tenían 37.3 veces más ingresos en relación con el 10% de las familias más pobres del país”.

Un artículo publicado por la CEPAL en relación con la matriz de la desigualdad social en Panamá vincula este fenómeno “a una estructura productiva heterogénea, geográficamente fragmentada, con altos diferenciales de productividad y un porcentaje elevado de ocupados en sectores de baja productividad constituyendo un determinante importante para entender la desigualdad social”. Estructura productiva insertada en un modelo denominado transitismo cuya dinámica se caracteriza porque “las actividades económicas vinculadas con la zona de tránsito interoceánico son insertados en la economía mundial. Por el otro, las regiones occidental y oriental del país están desarticuladas de esta dinámica y son muy sensibles a las inversiones en servicios públicos locales”, anotan Simone Cecchini, Raúl Holz y Alexis Rodríguez Mojica (2020-2021). Esto a su vez “genera una suerte de enclaves económicos y desintegración, lo cual impide beneficios de sinergia entre dichos sectores que en gran medida exacerba la inequidad”. Además, el transitismo “como ideología idealiza el liderazgo político de las oligarquías liberales y reduce al campesinado y al proletariado urbano a un amorfo sujeto marginal y lumpenizado” e incluye entre sus estrategias de acumulación de capital, por ejemplo, el despojo de tierras y recursos naturales los cuales generan constantes conflictos sociales. En este orden de ideas, la población colonense, Ngäbe-Buglé y bocatoreña, fueron duramente reprimidas en el año 2012 por oponerse a proyectos que implicaban la destrucción de áreas forestales, contaminación de ríos, explotación de minerales, entre estos cobres y la venta de terrenos de la Zona Libre.

Con el fin de mantener y legitimar la estructuración socioeconómica, los defensores del modelo hacen uso del discurso, en su mayoría, dirigido a la creación de imaginarios negativos y de descalificación hacia los grupos opuestos. Los acusan de comunistas y de atentar contra la destrucción del sistema económico. Una situación similar ocurrió en el contexto del Movimiento Inquilinario de 1925. Al respecto. López, J. Demóstenes en el periódico, El Tiempo, 17 de diciembre de 1925, columna “Tribuna libre” citado por Alexander Cuevas anotó lo siguiente: “… En el contexto del Movimiento Inquilinario de 1925, los propietarios de casas de alquiler visualizaron a los manifestantes agrupados en la Liga de Inquilinos de azuzadores quienes buscaban derrumbar el sistema económico imperante y destruir la propiedad”. Lejos de emplear estas estrategias, nuestros esfuerzos deben estar dirigidos más bien a crear un plan de desarrollo nacional encaminado a la formulación de políticas públicas centradas en el bien común y a propiciar cambios estructurales, lo cual será posible, por ejemplo, si deponemos intereses grupales de tipo económico sobre todo de parte de aquellos sectores que, históricamente, se resisten a flexibilizar márgenes de ganancias. En consecuencia, no se trata sólo de subsanar las debilidades causantes de la desigualdad social por medio de la creación de empleos, sino de facilitar a través de estos una calidad de vida acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de promover ambientes de oportunidades para la generación de actividades de emprendimientos.